La pandemia generada por el COVID-19 aceleró la recesión económica que se preveía para el mundo desde hace algunos años. Aunque este año se prevé decrecimiento económico entre -6 y -8%, en México el proyecto de una nueva política económica iniciada en 2019 se acentuó por los efectos negativos de la pandemia: reordenamiento del gasto público y redistribución de la riqueza para fortalecer el mercado interno. La interrupción, y en casos hasta la destrucción, de las cadenas productivas de valor global y su distribución ha provocado crisis económica mundial con características más acentuadas que la caída económica del 2008.

El Gobierno Federal negó el apoyo -o rescate- a grandes y medianas empresas  para que, según argumentan las cúpulas empresariales, se derramara el beneficio a proveedores y generar empleo. Por lo anterior, en nuestro país las estrategias se han tornado en la participación de más instituciones en materia económica.

A través  del programa “Apoyo a Empresarios solidarios” -que no hayan liquidado trabajadores-  el gobierno Federal  entrega créditos por 25 mil pesos a 2 millones de  microempresas formales e informales  (también a empleadas domésticas registradas en el IMSS), con tasa de interés de 6.5% y por un monto de 50 mil  millones de pesos (mmdp).

Por su parte, posterior a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador el 16 de abril pasado, el Banco de México anunció que, sin emitir deuda y a través de la banca comercial, entregará créditos con tasa preferencial a medianas y pequeñas empresas por un monto de 250 mil millones en este año.

Asimismo, aún con diferencias con el gobierno federal, el Banco Interamericano de Desarrollo  -BID, con sede en Washington, D.C.- otorgará 12 mil millones de dólares en créditos a pequeñas y medianas empresas (con tipo de cambio de 24.30 pesos por dólar el monto es más de 290 mmdp).

La derrama económica para este año no es menor, porque además  se añaden programas sociales en operación y no se suspende la construcción e inicio de infraestructura productiva en el sureste del país, con más de 4 mil 500 empleos directos e indirectos. El próximo año los programas de caminos rurales y siembra de árboles frutales y maderables se ampliarán a más regiones del País.

Con el cambio de régimen, en esta perspectiva se han presentado polémica y discrepancias entre sectores, lo que aprovechan medios de comunicación para desacreditar al titular de la federación, por ejemplo los acuerdos para financiamiento entre el BID y las cúpulas empresariales mexicanas.

Este banco no es comercial, sino una institución financiera multinacional (miembro de la UNESCO-ONU) para apoyar proyectos de desarrollo en América Latina, con un monto de capital actual por 128.78 mil millones de dólares ; está compuesto por 48 estados soberanos y México, como país prestatario (desde 1971), tiene aportación de 8.91 mmdd  y poder de voto de 7%. El hecho es que los acuerdos entre empresarios mexicanos y directivos del BID no fueron informados al gobierno mexicano, de ahí la crítica del presidente de la República al “modito” de negociación. Se aclaró que, en caso de no cumplir  estos compromisos financieros con la entidad internacional, la Secretaría de Hacienda no rescataría a los deudores. Asunto arreglado.

La Federación apoya la demanda agregada con transferencias sociales y créditos a micro y pequeñas empresas formales e informales; por otra parte el Banco de México y el BID se centran en la oferta, con créditos a medianas y pequeñas empresas. Aún con discrepancias, los sectores público y privado se complementan en las estrategias para enfrentar la crisis.

Superada paulatinamente la crisis sanitaria, se espera que los efectos de las estratégicas económicas se observen a partir de agosto de este año; si los resultados son positivos, será una nueva experiencia a considerar en la historia económica del País.