En México y el mundo los proyectos y planes de gobierno debieron esperar mejores tiempos. La pandemia obstaculizó la ruta de ascenso de las economías emergentes, como la de China y Rusia, y ahondó más la desaceleración económica en los países desarrollados (Estados Unidos y la Unión Europea) y sus países “dependientes”, sea por su cercanía geográfica o por acuerdos firmados, como nuestro país.

De acuerdo al discurso político, económico y social del año 2019, el gobierno federal pretendía la orientación estatal de la economía, sin atentar contra las grandes corporaciones nacionales y trasnacionales.

El primer año de gobierno fue de reajuste en el gasto público para, inicialmente, reducir el gasto corriente de 1.2 billones de pesos a 900 mil millones de pesos, combatir la corrupción, aparte evitar la elusión fiscal y las condonaciones de impuestos (en dos sexenios ascendieron a 1 billón de pesos).

Lo anterior para efecto de operar los programas sociales con adultos mayores, estudiantes de preparatoria, de reforestación, contratación laboral de jóvenes, entre otros, lo que en 2019 ascendió a poco más de 250 mil mdp, beneficiando ahora a más de 15.5 millones de personas.

Por otro lado, el incremento del salario mínimo de 88.36 a 123.22 pesos en dos años (185.56 en la zona fronteriza norte) para aumentar fortalecer el mercado interno, sin impacto inflacionario y con incremento de 3.5% el consumo; además, con la iniciativa privada se acordó la reforma de ajuste progresivo al sistema de pensiones.

En el presente año 2020 se iniciaron los proyectos de infraestructura productiva en el sureste mexicano (modernización de seis refinerías existentes y la nueva refinería Dos Bocas -para reducir precios de diésel y gasolinas y para la soberanía energética-, Tren Maya y Tren Transístmico), el nuevo aeropuerto en Santa Lucía, para en el 2021 extender la inversión física a otras regiones del país.

Además de la firma del T-MEC, se aplicaría política industrial con apoyos económicos e incentivos fiscales a las micro, pequeñas y medianas empresas, de acuerdo a la vocación económica de las regiones, así como el impulso a la economía social.

Ya no se sabrá si resultaría positivo o no un modelo distinto al que se aplicó en más de tres décadas por los gobiernos federales en turno, esto es si la nueva política económica generaría crecimiento económico y desarrollo, bienestar para la mayoría de las familias mexicanas.

En las decisiones económicas ha influido la perspectiva política, tres ejemplos son no incrementar la deuda por contratación directa, no incrementar impuestos y cero déficit fiscal, para demostrar que sólo con austeridad republicana se puede optimizar el gasto público.

Con estas decisiones el gobierno se acerca más al modelo neoliberal anterior, inclusive los economistas neoclásicos opinan que -ahora sí- en tiempos de crisis el Estado debe intervenir en la economía y elevar la deuda pública, para apoyar la inversión privada y cuidar el empleo.

Las perspectivas de la caída de la economía en este año 2020 van en un rango de -8.3% de la Secretaría de Hacienda, hasta -20% según analistas de Bloomberg; en todo caso esta situación de contracción aguda es similar en todo el planeta, inclusive más acentuada en los países desarrollados: se prevé que la caída en Estados Unidos sea cercana a -30% y de -16% promedio en la Unión Europea (sólo China crecería 1.5%).

En conclusión, las estrategias de orientación estatal de la economía se postergaron por las nefastas repercusiones económicas de la contingencia sanitaria. En todo caso lo que se espera de un gobierno de centro-izquierda es que, ante la eventualidad, las decisiones impulsen el crecimiento acelerado en V y no paulatino en L, para reducir la afectación negativa en el empleo, el ingreso agregado y no elevar más la población en situación de pobreza. El tiempo lo dirá.