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Dicen que seguirán la lucha aún y cuando algunos ya hayan muerto con la esperanza de ver su dinero, y ahora sean sus hijos u otros familiares quienes reclamen, a lo que el Gobierno busca poner más trabas

Piedras Negras, Coah. - Miles de ex braceros de Coahuila no han podido recuperar su dinero, producto de su esfuerzo al trabajar en Estados Unidos del año 1942 a 1964 y otros tantos ni siquiera han podido presentar su solicitud y documentación debido a que argumenta el Gobierno Federal que no hay dinero y las “mesas receptoras no se abren”.

Rosa María Ortiz Briones, representante de los ex braceros, dijo que el tema se ha politizado ya que mientras algunos diputados, tanto locales como federales presentan puntos de acuerdo para que haya una partida y se pague, otros legisladores tanto del PRI como PRD y Verde Ecologista no apoyan la causa.

Aseguro que por ejemplo el diputado federal, Francisco Saracho Navarro, cada vez que se les aborda solo se comprometen a ver el asunto, pero “ni sus luces volvemos a ver además que se nos amenaza de que si nos manifestamos en cada evento en donde venga el Gobernador, nos ira mal”.

Lamento que esto se de en contra de personas que ya cumplieron con el país, con su esfuerzo, su trabajo y que ahora no se les haga justicia además que el recurso que ellos exigen fue producto de un sistema de ahorro al que aportaban un 10 por ciento de su salario y que ahora el gobierno federal le llame Apoyo Social.

“Lo que piden ellos es legal, tenemos en Acuña 160 ex braceros con sus documentos originales pero no pueden presentarlos porque las mesas receptoras no se abren, otros 54 no han podido cobrar aun y cuando desde 2005 cuentan con el folio y aprobación. Nos traen a puras promesas, ningún diputado ha legislado al respecto; solo en tiempos de elecciones los candidatos y quienes hoy ocupan un puesto político van a tocar hasta la puerta de las casas de ex braceros, y eso no se vale”, afirmó.

Dijo que seguirán la lucha aun y cuando algunos ex braceros hayan muerto con la esperanza de ver su dinero y ahora sean sus hijos u otros familiares quienes reclamen, a lo que el Gobierno busca poner más trabas.