Exalcalde de Sabinas: un ‘récord’ de acusaciones

Uno de los problemas más serios que enfrentan las autoridades cuando ofrecen a los ciudadanos que combatirán “en serio” a la corrupción es la falta de credibilidad que tienen, particularmente en este rubro, debido a la muy larga tradición de impunidad que ha caracterizado al servicio público en nuestro País.

Por ello, difícilmente alguien les compra el discurso o se entusiasma con la posibilidad de atestiguar que la corrupción sea castigada, y con ello comience a revertirse la extendida tradición de amasar fortunas privadas con cargo al tesoro público.
En los últimos años ya no son solamente discursos lo que los ciudadanos escuchamos. También leemos noticias respecto de denuncias penales presentadas en contra de funcionarios y exfuncionarios públicos, sobre todo a partir de las auditorías practicadas a la cuenta pública por la Auditoría Superior del Estado.

Este último aspecto podría generar algún entusiasmo entre el público, pero tal posibilidad también se diluye debido a que las denuncias sólo se acumulan sobre los escritorios de fiscales y jueces, sin que nada relevante ocurra con ellas pese a que, al menos en teoría, se cuenta con todas las pruebas para demostrar la existencia de un delito.

Un buen ejemplo de tal situación lo constituye el reporte que publicamos en esta edición, relativo al caso del exalcalde de Sabinas, Lenin Flores Lucio, quien parece encaminado a “romper un récord” de denuncias penales interpuestas en su contra, a partir de los resultados que arrojan las auditorías practicadas a la cuenta pública de su administración.

De acuerdo con la información que se conoce, el exedil acumula acusaciones en su contra que implicarían enfrentar procesos por el desvío y/o malversación de alrededor de 80 millones de pesos, entre el 2014 y el 2017.

Por una de esas acusaciones ya se le vinculó a proceso y se encuentra libre sólo debido al otorgamiento de una medida cautelar a su favor para que, mediante la utilización de un brazalete electrónico, pueda ubicársele en todo momento y evitar que pueda huir.
La pregunta es: si la Auditoría Superior del Estado ya ha realizado la investigación y reunido la evidencia que presuntamente haría responsable a Flores Lucio de los desvíos, de los cuales se le ha acusado, ¿por qué la Fiscalía no actúa en su contra y endereza los juicios correspondientes?

La lentitud con la cual se ha actuado en éste y el resto de los casos de exmunícipes acusados en principio por la ASE de haber malversado fondos públicos invita, de forma irremediable, a recordar que la impunidad ha sido, hasta ahora, la constante en tales circunstancias.

En otras palabras, la situación actual del exedil invita a pensar que pueda estar “negociando por debajo de la mesa” para que al final, pese a los graves señalamientos que la Auditoría Superior ha formulado en su contra, termine exonerado de cualquier responsabilidad.

Si eso ocurre, al final sólo habría dos hipótesis para explicar tal desenlace: la ASE es en realidad incompetente para formular acusaciones o la Fiscalía General del Estado es incapaz de llevar a buen puerto un expediente, incluso cuando alguien más “le hace la chamba”.