Esta semana, el portal de internet de Transparencia Mexicana dio a conocer el estudio: “Las Personas y la Corrupción: América Latina y el Caribe. Barómetro Global de la Corrupción”. (www.transparency.org/whatwedo/publication/las_personas_y_la_corrupcion_a...). El estudio está basado en la aplicación de una encuesta, comparable y estadísticamente representativa, entre habitantes de todos los países de la región.

¿Cuáles son las principales respuestas que dieron los ciudadanos de Latinoamérica a este cuestionario?

1. La corrupción está en aumento; 2. Se percibe a policías y políticos como los más corruptos; 3. Los Gobiernos tienen un desempeño deficiente; 4. Casi la tercera parte de los usuarios de servicios públicos pagó soborno; 5. Los índices más elevados de soborno se observan en relación con la atención de la salud y las escuelas; 6. Pocos denuncian la corrupción y quienes lo hacen sufren represalias; 7. Siete de cada 10 están dispuestos a apoyar acciones contra la corrupción; 8. La mayoría afirma que la acción de los ciudadanos comunes podría incidir significativamente en los resultados en la lucha contra la corrupción (70 por ciento).

Conviene centrar la atención en los puntos 4 y 5, relacionados con la práctica creciente y generalizada de pago de sobornos por la prestación de servicios públicos de salud, educación, la gestión de documentos de identidad, servicios policiales, servicios públicos diversos (agua, recolección de basura, etcétera), servicios prestados por los tribunales de justicia. Como señalamos arriba, a nivel global un tercio de los entrevistados (más de 90 millones de personas) manifestaron haber pagado sobornos para acceder a estos servicios. Este porcentaje se elevó al 51 por ciento en el caso de los ciudadanos de México, por lo que nuestro País ocupó la peor posición en todo el subcontinente.

Recordemos que en nuestro País la prestación de los servicios de salud y educación pública han sido descentralizados a las entidades federativas. De igual forma, muchos de los servicios públicos, como seguridad, limpieza, gestión del uso de suelo, trámites de documentos públicos, son administrados por los gobiernos estatales y municipales. Por lo tanto, los resultados de esta encuesta confirman el grave deterioro en el funcionamiento de la administración pública en estos ámbitos de Gobierno. 

Así pues, a pesar de que los ciudadanos pagan impuestos y tarifas que les darían derecho a disfrutar de estos servicios, las burocracias locales han montado un andamiaje de extorsión generalizada para extraer rentas adicionales de las personas, quienes se ven obligadas a realizar estos pagos para poder concretar los trámites o acceder a los servicios.

Como simple ejercicio, el lector puede contrastar las conclusiones de esta encuesta con sus propias vivencias. Si ha tenido que realizar algún permiso de cambio de uso de suelo, subdivisión de predio, escrituración, etcétera: ¿cuál ha sido su experiencia? 

Si se ha visto involucrado en un accidente de tránsito en el cual no hay lesionados, sólo daños materiales y hay acuerdo entre las partes involucradas en cuanto a la reparación de los perjuicios: ¿qué ocurre cuando llegan los oficiales de tránsito municipal? Necesitaríamos muchas cuartillas para enumerar todas las ocasiones en las cuales los ciudadanos sufren las consecuencias de redes de piratería amparadas en la función pública.

El estudio de Transparencia Internacional también contiene algunas recomendaciones. Repasemos algunas: “Que las tarifas oficiales de los servicios públicos se exhiban públicamente de manera clara… optimizar los procedimientos burocráticos para evitar que los procesos de toma de decisiones resulten prolongados y arbitrarios... invertir en plataformas de gestión electrónica que permitan solicitar servicios sin necesidad de interactuar personalmente con funcionarios públicos... asegurar la existencia de canales confidenciales a través de los cuales los ciudadanos puedan informar sobre la calidad de los servicios públicos… involucrar a la sociedad civil como parte de sus esfuerzos para combatir la corrupción… crear un contexto seguro, que favorezca la participación de la sociedad civil y los medios de comunicación en las iniciativas contra la corrupción… así como en el monitoreo y la denuncia de hechos de corrupción implementando eficazmente las leyes sobre acceso a la información... invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces, las debidas condiciones de trabajo del personal judicial, y criterios transparentes para la asignación de causas… fortalecer las instituciones que participan en la detección, la investigación y la condena de delitos vinculados con la corrupción… difundir las decisiones judiciales a través de internet, a fin de permitir que la sociedad civil, los medios de comunicación y los ciudadanos examinen y cotejen las sentencias… eliminar la inmunidad política en los casos relacionados con corrupción... fortalecer la capacidad de investigación de la policía con técnicas de inteligencia especializadas, afianzar las medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión en toda la institución… crear canales de denuncia accesibles y anónimos para los denunciantes, que los protejan de manera genuina contra cualquier forma de represalia”. 

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