Entre 1990-1991 tuve la oportunidad de observar, desde la óptica estatal, la relación Federación-Estado. Lo que viví me impactó negativamente. Había sido designado delegado de la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) del Gobierno Federal en el estado de Coahuila y responsable del Programa Nacional de Solidaridad, y pude percatarme que el desequilibrio entre las atribuciones y recursos del Gobierno federal y los del estatal era enorme, y el grado de centralización de las decisiones llegaba a extremos ofensivos. Por ello, en esa época comenté al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, cuando me preguntó sobre mi experiencia como Delegado Estatal: “Llevo apenas unos meses en el estado y ya no soporto a la SPP”, él sonrió, asintiendo.

A este cargo, había llegado después de casi 14 años de haber trabajado en el centro del país, en diversas responsabilidades en el gobierno federal, en SHCP y en la Secretaría de Programación y Presupuesto, y como Diputado federal al Congreso de la Unión. Desde esa perspectiva, de analizar la problemática nacional, no capté la magnitud del desbalance al que me refiero líneas arriba.

Años después fui electo Gobernador de Coahuila para el periodo 1993-1999. La experiencia de la responsabilidad de un gobierno estatal confirmó mi preocupación sobre el grave desequilibrio existente en las relaciones del Gobierno Federal y los estatales.

Este inequitativo acuerdo afecta a la República toda, pues la hipertrofia de los poderes federales conlleva desperdiciar el enorme potencial transformador de los gobiernos estatales y las administraciones municipales. Y el interés por este problema me llevó a impulsar cambios tendientes a renovar nuestra organización federal y a resistir otros —con poco éxito— que a mi juicio obedecían a una errónea concepción del problema.

Como gobernador participé siempre que pude en diversos foros donde se discutió el tema. Mis convicciones de entonces se han reforzado. Existe un grave desajuste en el sistema federal a la luz de las condiciones sociales, económicas y políticas actuales. Ello hace urgente la puesta al día del federalismo; se requieren cambios profundos, que, en mi opinión, son necesarios para adecuar la estructura federal de gobierno a las circunstancias del presente, así mismo, considerar los riesgos que esta tarea debe enfrentar, sobre la base de las experiencias de las diversas acciones que se han propuesto como respuesta a este reto.

El federalismo ha sido una aspiración política que ha estado presente desde el origen de la Nación. Al independizarse, no sin resistencias, México optó por convertirse en República federal. Esta aspiración marca el inicio del proceso de una construcción de identidad nacional y un Estado federal. Mariano Palacios Alcocer, señala que el federalismo es “una decisión política fundamental [y representa] una técnica constitucional para distribuir competencias y, por tanto, una expresión jurídica de nuestra complejidad política”2. Estos conceptos brindan las coordenadas para entender las fuerzas en conflicto que explican la necesidad de renovar nuestra organización federal.

El proceso de construcción de la República Federal arranca con la participación de Miguel Ramos Arizpe en las Cortes de Cádiz, quien al exponer las condiciones económicas de las provincias internas de Oriente que comprendían a Coahuila, Nuevo León, Santander y Texas, señala la necesidad de establecer en cada una de estas, una diputación provincial encargada de su administración. Las dificultades iniciales, consumada la independencia nacional en septiembre de 1821, para consolidar una autoridad central, llevan a que las provincias ganen en autonomía e independencia y que tomen “por completo el cuidado de su administración dentro de sus propias fronteras”.

En este proceso, la de Guadalajara se convierte en la primera diputación provincial en establecer su propio gobierno estatal adoptando la forma de gobierno representativo federado, ejemplo que pronto fue seguido por Oaxaca, Yucatán y Querétaro. El ideal federalista avanzaba, impulsado sin duda por la influencia del ejemplo exitoso brindado por el sistema federal adoptado décadas antes en los Estados Unidos de América, como por la necesidad política del momento, pues ante “la perspectiva de una nueva tiranía que se vislumbraba con el Plan de Iguala y los Tratados de Córdoba e impulsada por Iturbide en su beneficio personal, las provincias al mando de los pensadores liberales optaron por encontrar un camino propio buscando para los nuevos estados su anhelada autonomía”.

El sistema federal quedó establecido en el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 y luego en la Constitución del mismo año. Sin embargo, el proceso de construcción del federalismo no fue lineal. En 1836, de manera legalmente cuestionable pues el Congreso que lo adoptó carecía de facultades para ello, se modificó la organización política de una república federal a un sistema centralista. Esta disputa se resuelve con el triunfo liberal en 1857 que llevó a elaborar la Constitución de ese año, la cual adoptó definitivamente el sistema federal, y estableció el principio federal básico al decretar que las facultades “que no estén expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados”.

Después de 1857 no hay más intentos de regresar a un sistema de gobierno central. Sin embargo, en los años y décadas siguientes, y hasta el presente, salvo algunos periodos, hemos visto un acoso constante contra el federalismo. Este acoso se ha ejercido por varios caminos, por la vía de reformas legales y constitucionales para restar facultades a los estados y ampliar los poderes federales, ya sea el Congreso, el Ejecutivo o el Poder Judicial, en detrimento de las facultades de los estados; o, desde que se creó la coordinación fiscal a fines de los 70, por la vía de reducir el margen estatal para generar los ingresos públicos necesarios para cumplir sus atribuciones, aumentando con ello su dependencia sobre el presupuesto federal.

Sobre estos temas escribiremos en los siguientes artículos.

*Ex Gobernador de Coahuila