El 20 por ciento de ‘error’ en las audiencias de control de la detención es demasiado, porque nos habla de una institución que no solamente no está haciendo su trabajo, sino que podría estar solapando abiertamente prácticas irregulares

De acuerdo con las estadísticas a la mano -mismas que han sido reconocidas por el Fiscal General del Estado- dos de cada diez -o, si se prefiere, 20 de cada 100- personas que son detenidas por la policía y presentadas ante un juez como presuntas responsables de un delito, son puestas en libertad porque la detención realizada es calificada de ilegal.

“Se clasifican de ilegales estas detenciones por varios motivos, porque se ha excedido el tiempo que marca la ley en el que se hace la judicialización; en ocasiones la flagrancia no está bien acreditada, entonces hay que dejarlos en libertad porque la detención no es calificada de legal”, ha reconocido Gerardo Márquez Guevara.

Desde la perspectiva de la autoridad, la estadística habla de un 80 por ciento de efectividad en el trabajo del Ministerio Público -que es el responsable de presentar ante un juez a los detenidos-, cifra que es una de las más altas del país, de acuerdo con el funcionario.

La perspectiva de los ciudadanos -que necesariamente debe ser crítica- es la opuesta: el Ministerio Público falla en el 20 por ciento de los casos y entonces debe analizarse si tal cifra es “baja” o “alta”, es decir, si habla bien o mal del trabajo de la Fiscalía.

En este sentido es necesario recordar que, aún cuando sean los policías quienes realicen un trabajo deficiente, es el Ministerio Público quien avala su trabajo al presentar a un detenido ante un juez sin haber examinado con detalle las características del arresto o, peor aún, a sabiendas de que la detención se registró en condiciones ilegales.

La pregunta que debe formularse por ello, es si la actuación del Ministerio Público no está fomentando la actuación ilegal de las policías, pues debería ser la propia dependencia a cargo de Márquez Guevara la que frenara la presunta incompetencia policial, no sólo dejando en libertad a quienes han sido ilegalmente arrestados, sino iniciando procedimientos en contra de quienes le privaron ilegalmente de la libertad.

La apuesta del Ministerio Público sin duda es la que se ha utilizado largamente como recurso fácil frente a una sociedad que no entiende -y no tendría por qué hacerlo- de tecnicismos legales: “nosotros detenemos a los delincuentes y los jueces los dejan en libertad”.

La verdad es exactamente al revés: quienes garantizan la libertad de personas que probablemente deberían estar en prisión son las corporaciones policiales y las instituciones como el Ministerio Público que se resisten a evolucionar y abandonar las fórmulas autoritarias que en el pasado permitían que cualquiera pudiera desempeñar el cargo sin necesidad de más atributos que saber emplear la fuerza de manera discrecional.

Desde esta perspectiva pues, 20 por ciento de “error” en las audiencias de control de la detención es demasiado, porque nos habla de una institución que no solamente no está haciendo su trabajo, sino que podría estar solapando abiertamente prácticas irregulares, como el abuso de la fuerza por parte de las policías.