Un vicio añejo al que siguen aferrándose no poco funcionarios públicos es el de intentar manipular la verdad, “venderle” al público una versión conveniente de los hechos. Y la tentación crece en la medida en la cual se registran sucesos que concitan la condena popular.

El fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, parece haber cedido nuevamente a la tentación de construir una narrativa “conveniente” a los intereses del Gobierno del Estado –del que teóricamente es “independiente”– en el caso del migrante abatido la noche de este miércoles en Saltillo.

La dependencia ha realizado todos los actos necesarios para sembrar la duda respecto de la imparcialidad de sus investigaciones:

En primer lugar, decidió guardar silencio en las horas inmediatas a los hechos, negando incluso, como ya se ha dicho, información que podía ser corroborada de forma rápida y sencilla. Por ejemplo, si la muerte se debió a disparos de arma de fuego y las circunstancias en las cuales se dieron los hechos.

La versión ofrecida por el fiscal general de Coahuila, Gerardo Márquez, sobre el migrante abatido, suena poco creíble y se parece más a un intento por encubrir un delito cometido por policías"

En segundo lugar, se tardó una eternidad en salir a ofrecer una versión oficial de lo ocurrido. Y el dato es fácilmente demostrable si se compara la rapidez con la cual se ofrecen conferencias de prensa o se “presentan” detenidos cuando a la Fiscalía le interesa que se le perciba como una institución eficaz.

Finalmente, lejos de actuar con la imparcialidad a que la ley le obliga, el fiscal Márquez Guevara prácticamente decidió actuar como defensor de oficio de los policías involucrados en los hechos, al ofrecer una versión que pareciera buscar su exculpación de antemano.

La versión no solamente suena poco creíble, sino que contiene elementos que parecen “fabricados” para, en algún momento, declarar el archivo del caso o conseguir una sentencia absolutoria.

La Fiscalía, todo hace indicar, intenta “justificar” el asesinato de una persona indefensa alegando que los policías responsables “perseguían” a un grupo de narcomenudistas que, además, les dispararon primero, aunque ninguno de los testigos presenciales recuerda haber escuchado ningún disparo antes de que los policías accionaran sus armas.

Pero incluso si fuera cierto que los policías repelían un ataque, entonces lo que se evidenciaría es que los agentes han sido tan mal entrenados que, ante un ataque, disparan contra todo lo que se mueva, sin importarles que en el lugar se encuentren civiles que podrían terminar convertidos en víctimas colaterales.

Por el lado que se le vea, la versión ofrecida por Gerardo Márquez suena poco creíble y se parece más a un intento por encubrir un delito cometido por policías, que a la intención de esclarecer hechos que son relevantes porque derivaron en la muerte de un ser humano.

Tal realidad obliga a poner en duda la imparcialidad de la Fiscalía y, por ende, su capacidad para conducir una investigación seria e imparcial que tenga como propósito averiguar la verdad. Lo que se ve hasta el momento es más bien un intento por lograr lo contrario, es decir, por garantizar la impunidad de quienes, según parece, cometieron un delito a partir del uso excesivo y abusivo de la fuerza.