Filtraciones: una conducta perniciosa

La manipulación, o el intento de manipulación de la opinión pública mediante la difusión de “trascendidos” constituye una de las conductas más nocivas de la clase política del mundo entero y acaso represente una conducta incorregible pese a las reiteradas lecciones que la realidad les da a quienes promueven la conducta, la festejan o intentan sacar ventaja de ella.

El argumento de moda parece ser el de desacreditar a los enemigos políticos “vinculándolos” al crimen organizado a partir de la filtración de presuntos elementos de investigaciones judiciales en las cuales habrían “aparecido” los nombres de prominentes personajes de la vida pública.

Y en este sentido, el caso de moda es el de Juan Manuel “El Mono” Muñoz, detenido en España y a quien se sigue un proceso como presunto responsable de diferentes delitos que lo ubicarían como un miembro relevante de la delincuencia organizada.

De acuerdo con los trascendidos llegados desde el viejo continente, “El Mono” Muñoz habría tenido vínculos con individuos de muy diversos signo ideológico con quienes se habría relacionado, bien para “hacer negocios”, bien para obtener protección.

¿Son ciertas o no las versiones que han llegado a los medios de comunicación y que plantean la presunta existencia de una amplia red de complicidades motivadas, al parecer, por la ambición económica que Muñóz podía satisfacer?

En principio habría que señalar la imposibilidad de darlas por buenas, en congruencia con el principio de presunción de inocencia que debe impedirnos el etiquetar a alguien sin que haya sido probada la conducta que se le imputa.

Pero además de eso habría qué preguntarse las razones por las cuales “aparecen” los señalados elementos en la prensa y cómo llegan hasta ahí, es decir, habría que preguntarse quiénes se encargan de hacer llegar a las redacciones los datos de un expediente que se supone confidencial.

No faltará quien diga que, dado el carácter de filtración de la información los medios de comunicación deberían abstenerse de publicarla, pero ello implicaría que los medios ignoraran un hecho que es noticioso: la existencia de una investigación en la cual ha aparecido el nombre de una persona pública cuya conducta se asume contraria a tales circunstancias.

Lo que puede —y debe— cuestionarse, en todo caso, es el origen de las informaciones y la intencionalidad de quienes deciden filtrar los datos de un expediente en el que, a falta de sentencia, no puede considerarse su contenido como verdad jurídica.

Dado que los nombres que han salido a la luz pública corresponden a personas vinculadas a la actividad pública, no hace falta ser muy perspicaz para adivinar que la intencionalidad es política y para comprender el alcance de tales hechos, lo único que hace falta revisar es quién o quienes se benefician con la difusión de tales informaciones.

Y es que allí está la explicación a la persistencia de la conducta: los trascendidos no dejan de registrarse porque alguien se beneficia siempre con ellos.