Finanzas públicas de ajuste, redistribución y subejercicio

Según el primer informe constitucional (tercero al pueblo mexicano) por parte del presidente López Obrador, 2019 es año de ajustes en egresos para evitar el dispendio y además de reducir la corrupción. Esto implica el subejercicio del gasto público federal, precisamente como prioridad para “poner orden” en las finanzas públicas.

Según la Secretaría de Hacienda, en el periodo enero-julio de 2019 las necesidades de financiamiento federal tuvieron un déficit de 114 mil millones de pesos (mmdp) (2.5% del producto interno bruto), resultando 2.7% inferiores a lo esperado.

Los ingresos del gobierno federal a julio de este año y respecto al mismo mes de 2018, tuvieron el siguiente comportamiento: ingresos petroleros se ubicaron en 17.5% menos (483.3 mmdp); el impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) creció en 25.2% (265 mmdp; 42.3% más en diésel y gasolinas, pero reducción de -5.55 en otros); aportaciones al IMSS 9.1% más (215.34 mmdp) y el ISSSTE con reducción de -21.6% (25.2 mmdp (21.6%); la CFE  creció  en 12% (232.5 mmdp); ISR creció en 3.9% (1 billón 50.0 mmdp); IVA también creció 2.2% (571 mmdp).

El total de ingresos fue 3 billones 50.8 mmdp  (1.24% más respecto a julio de 2018). La realidad no es catastrófica como se difunde, más-menos el resultado se compensa.

Lo anterior se explica: por ingresos petroleros inferiores en 122.4 mmdp por menor plataforma de producción (10.1% anual menos), a causa de menos ventas internas y reducción del precio internacional de la mezcla mexicana; además la CFE, aunque crecieron sus ingresos, los tuvo menores en 12,3 mmdp; también hubo ingresos tributarios menores en 31.2 mmdp por devolución de IVA en los primeros seis meses del año, por eso este impuesto creció marginalmente; es previsible que la reducción de la aportación a la seguridad de trabajadores del Estado fue por la reducción salarial y ajuste de personal; sin embargo estas reducciones se compensan por otros ingresos no tributarios por 76.4 mmdp.

A julio de este año, el gasto público federal neto fue de 3 billones 255.9 mmdp, pero tuvo subejercicio total de 221.2 mmdp: 141.2 mmdp el gasto programable y 80 mmdp en IMSS, ISSSTE y Pemex.

Los menores ingresos tributarios reflejan el estancamiento en la economía y también que las transferencias sociales, como redistribución de la riqueza (apoyo a pensionados, jóvenes y pequeños negocios), aún no tienen el efecto esperado en la demanda agregada o general.

Además, aún no se dinamiza el gasto público en infraestructura productiva debido a las resistencias y oposiciones sociales y jurídicas (cientos de amparos legales interpuestos por una parte del poder económico y por la derecha política), así aun se debe esperar el efecto multiplicador de dicho gasto en la economía.

Para distribuir riqueza es necesario generarla, es decir debe impulsarse la inversión directa de capital, pero existe incertidumbre, principalmente por la guerra comercial Estados Unidos-China y la pendiente firma del nuevo tratado comercial de América del Norte (T-MEC), entre otros.

Asimismo, tanto para impulsar el crecimiento económico como para generar equidad se hace necesaria una reforma fiscal progresiva (que pague más impuestos quien posea más riqueza) y que evite la evasión y la elusión fiscal (interpretar la ley para no pagar impuestos).

Según la Comisión Económica para América Latina, para 2018, en recaudación impositiva México obtuvo un poco más de 17.2% respecto al PIB, siendo de los países que menos recaudan en el subcontinente (Brasil 34.3%, Argentina 31.3% y Uruguay 27.9%).

Conclusión, el gasto público tanto en infraestructura como en transferencias sociales para elevar la demanda general, la certidumbre posterior al T-MEC y la confianza en finanzas públicas responsables en 2020, podrían impulsar el crecimiento económico, elevar la recaudación y así redistribuir la riqueza aún más. De no ser así, sólo serían buenas intenciones sin sustento.