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El ente acusador imputó a los uniformados los delitos de homicidio y tortura agravada. Javier Ordóñez murió después de que policías lo detuvieron y lo doblegaron en el suelo usando pistolas de electrochoques mientras él les pedía varias veces que pararan

Colombia. Aunque la jueza había ordenado el cierre de la audiencia por solicitud de la Fiscalía,  ante la presión y una tutela de los medios pidiendo garantías para el acceso a las audiencias se reconsideró la decisión.

Durante la diligencia, la Fiscalía General le pidió a la juez 29 de control de garantías que ordene la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario en contra de los uniformados. 

El ente acusador sustentó que su libertad podría poner en peligro el proceso judicial que se sigue por el asesinato de Ordóñez, así como su posible comparecencia ante la justicia. 

Este sábado a Rodríguez y Lloreda se les imputaron los delitos de homicidio agravado y tortura agravada, por los hechos que sufrió en la noche del pasado 9 de septiembre, cuando primero recibió varios choques eléctricos en un procedimiento policial y luego, en el CAI de Villaluz, habría recibido golpes presuntamente por parte de los policías, que le causaron la muerte.

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Sin embargo, los uniformados -que fueron suspendidos de su cargo- no aceptaron los delitos imputados. Por el contrario, elevaron un conflicto de competencias afirmando que no debería ser un juez ordinario el que conozca su caso sino la Justicia Penal Militar. La jueza aseguró que ella no es la competente para resolver el conflicto de competencias, sino la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pero por ahora resolverá la medida de aseguramiento y luego esa Sala tendrá que pronunciarse a quién le corresponde llevar el caso. 

En la noche del viernes, además, la jueza legalizó la detención de los dos policías, por considerar que en el procedimiento no hubo irregularidades y se respetaron sus derechos fundamentales. 

Ante, el juzgado, el ente acusador dio a conocer las evidencias, testimonios, dictámenes de peritos, incluido el resultado de la necropsia de Medicina Legal, que da cuenta de la violencia con la que fue golpeado y murió Ordóñez. También destapó testimonios sobre los golpes que habría seguido recibiendo la víctima dentro del CAI de Villaluz. 

La petición de la Fiscalía de hacer la audiencia a puerta cerrada, que fue aceptada por la juez, causó rechazo por parte de medios de comunicación, recordando que según un fallo de la Corte Constitucional de este año, la publicidad de las audiencias debería ser la regla, y su restricción, la excepción. Incluso, la Corte Constitucional planteó que los jueces tenían la obligación de sustentar cuáles eran los argumentos para cerrar las audiencias y facilitar a los medios de comunicación toda la información. En este caso, el argumento de la juez consistió en que abrir las puertas podría comprometer "seriamente el éxito de la investigación". 

Por eso, varios periodistas presentaron un derecho de petición para que la audiencia fuera pública. Ante esa petición, la jueza decidió abrir la audiencia a los medios para esta parte final en la que resolverá sobre la medida de aseguramiento. 

Hoy la Fundación para la Libertad de Prensa se pronunció al respecto y aseguró que la decisión de hacer la audiencia privada limitó el derecho a la información de la ciudadanía, por lo que hizo un llamado al juez de control de garantías para que revisara la "legalidad, idoneidad, necesidad y proporcionalidad de la restricción pues esto no está claro en el comunicado" que emitió el juzgado. 

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Javier Ordóñez murió después de que policías lo detuvieron y lo doblegaron en el suelo usando pistolas de electrochoques mientras él les pedía varias veces que «por favor, por favor» pararan. El procedimiento policial quedó grabado en un video que se volvió viral y generó protestas y disturbios en Bogotá.

La familia del hombre de 43 años dice que los policías «lo asesinaron». La Policía de Bogotá lamentó los hechos, separó de sus cargos a los dos policías involucrados en el hecho, cuya identidad no ha sido revelada, y adelanta una investigación.

Ordóñez tenía dos carreras: era ingeniero y abogado. Tenía dos hijos, de 15 y 11 años, según le dijo a CNN en Español Eliana Garzón, su cuñada.

«Era un papá súper alcahueta con ellos. Se ponía al nivel de ellos para que ellos tuvieran la confianza con él de contarles cosas y tenía un corazón impresionante», dijo Garzón, cuya hermana estuvo casada con Ordoñez 11 años.

«Era una persona muy servicial», agregó.

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Garzón dice que su familia está en «shock» luego de la muerte y las protestas que se generaron reclamando justicia por Ordóñez.

«Es como un revuelto de emociones en las que tienes también un poco que guardarlas para ser fuerte», dijo ella. «[Estamos] cuidando la integridad emocional de mis sobrinos que es lo que más nos interesa en este momento».

Garzón dice que las circunstancias de la muerte de Ordóñez se dieron cuando él estaba departiendo con sus amigos, salió de su unidad residencial a comprar cerveza y, cuando la policía hacía un operativo, lo detuvo y se dio la agresión.

En las imágenes se observa a dos policías sometiendo en el suelo al hombre con descargas eléctricas de pistola de electrochoques en reiteradas ocasiones. Se escucha cómo el hombre pide que “por favor” paren.

Varios transeúntes que graban el video piden a los agentes que dejen de agredirlo. También se escucha varias veces a los agentes pedirle al hombre en el suelo que ponga las “manos atrás”.

«Ellos fueron asesinos, ellos mataron a mi cuñado», dijo la cuñada de Ordóñez. «Mi cuñado no murió en un procedimiento policial».

No están claras las circunstancias anteriores a este operativo. CNN pidió detalles a la policía, que remitió a las declaraciones oficiales.

«Nuestra justicia, la justicia que nosotros buscamos es legal. No queremos un juicio disciplinario contra ellos [los policías], queremos un juicio penal y estamos trabajando por ellos. Nosotros todo lo que vamos a hacer es por la vía legal».

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La muerte de Ordóñez provocó protestas en Bogotá que dejaron al menos 9 muertos, 55 civiles resultaron heridos y fueron ingresados en hospitales por lesiones con objetos contundentes.

Entre los muertos se encuentra un menor de 17 años, quien llegó herido con arma de fuego a un hospital y murió, informó este jueves el general Jorge Luis Vargas, director de seguridad ciudadana de la Policía. Agregó que junto a la Fiscalía General de la Nación están verificando las identidades y edades de los fallecidos.

La Policía informó de 93 uniformados resultaron heridos, entre ellos un capitán recibió impacto de arma de fuego, según el general Moreno Maldonado.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López, dijo este jueves que el caso de Ordóñez «es posiblemente lo más grave que haya pasado en nuestra ciudad».