Focos rojos en las universidades públicas

Cuatro de las universidades públicas del País están en una condición de severa crisis, 10 se encuentran en una situación verdaderamente crítica. Un conjunto de problemas estructurales que, en síntesis, se reducen a cuestiones financieras las han arrastrado hacia obstáculos orgánicos como son el impedimento para sostener la ampliación de la matrícula, de las plantas magisteriales, el incremento de los costos de pensiones y un amplio conjunto de gastos que son un reflejo de casi 30 años de abandono de la educación superior pública en México; un abandono que se evidenció en la caída de los presupuestos por estudiante.

Los gobiernos son muy inteligentes para encubrir sus huellas, y para mostrar crecimientos irreales en los presupuestos destinados a la educación superior, mas si comparamos el presupuesto por estudiante de 2009 a 2017 vemos que ha caído casi 20 por ciento en términos reales en estos años, caída brutal que pone a las universidades en condiciones precarias.

El abandono es que, con la excepción de la UNAM, desde que se creó la Universidad Autónoma Metropolitana en la CDMX no se había vuelto a hacer una sola universidad pública en el País. Toda la apuesta se orientó a la creación de Institutos Tecnológicos y Universidades Politécnicas, lo que dio lugar a la ampliación sin precedentes de la educación superior privada, muchas de las ellas insuficientemente reguladas, universidades patito que deberían estar prohibidas como en otros países, lo cual correspondería al Poder Legislativo. El gobierno electo no está en contra de ellas, pero sí de los abusos que ahí se cometen y afectan mayormente a los jóvenes.

El equipo del gobierno electo propone que la cobertura de educación superior tiene que sostenerse fundamentalmente a partir de la oferta pública de carácter universitario y de buena calidad. Es inaceptable que anualmente se rechacen a miles de jóvenes, más de 300 mil. El poder ejecutivo y el Legislativo están diseñando una serie de metas, como es alcanzar una cobertura  del 50 por ciento para el final del sexenio, lo que significa pasar de 4.2  a 5.2 millones de estudiantes en 6 años.

Incorporar a poco más de un millón de jóvenes a la educación universitaria parece poco, pero según los especialistas es necesario crear nuevas universidades para asegurar la formación de nuevos profesionistas para el mercado laboral.  

No obstante, hay que tomar en cuenta que las 191 universidades con las que cuenta el País, en su mayoría, mantienen una estructura académica con una masa crítica de calidad (a pesar de los bajos salarios). Lo deseable sería que los jóvenes ingresantes se incorporen a tareas de investigación, lo cual implica que las universidades autónomas cuenten con un apoyo presupuestal sostenido por parte de la federación, tarea que está a cargo del Poder Legislativo y que para la “cuarta transformación” es prioridad.

A los políticos se les llena la boca con el término educación, pero prioridad que no se inscriba en el presupuesto es demagogia pura, si no se ve que las decisiones para que crezca la educación superior vayan más allá de las declaraciones de los responsables de ella, y se inscriben en un programa de expansión de la matricula, estamos ante el rollo sin meollo.

Llegar a la meta de expansión para 5.2 millones de estudiantes requeriría, sólo para infraestructura y ampliación, 2 mil 400 millones de pesos adicionales cada año. 

Hay que reconocer que en México las universidades han sido agentes del cambio social gracias a la autonomía, entendida ésta como la libertad que se requiere para intervenir en la sociedad, fundada en el conocimiento que desarrollan y difunden para transformar, eso es lo que hay que esperar de los Institutos de Educación Superior (IES), lo cual no ocurre en Coahuila. 

Por desgracia en las dos universidades públicas de Coahuila, más visible en la UAdeC, ha imperado la rapiña a través de empresas fantasma mediante las cuales en ésta se han saqueado cientos de millones de pesos, mientras los sueldos del personal, no de los de arriba, son de miseria, pero nadie sabe nada, como no supieron de lo que se llevó impunemente “El Negro Ochoa”. Mientras domine el moreirato en Coahuila seguirá el saqueo, la impunidad y lo peor, la resignación ciudadana.