Es un error plantear que la cancelación de programas, o su transformación en mecanismos de subsidio individual y directo, es la mejor respuesta ante la corrupción

 

Uno de los argumentos favoritos del presidente Andrés Manuel López Obrador para cancelar programas o implementar políticas radicalmente distintas es que la corrupción existente en el pasado impidió que los recursos públicos destinados a diversos programas se tradujeran en beneficios tangibles para la población.

Sin duda tiene razón el titular del Ejecutivo al realizar este juicio genérico y si algo podemos respaldar los ciudadanos es la percepción de que una gran parte del presupuesto público ha servido en el pasado más bien para crear fortunas privadas, financiar ilegalmente actividades políticas o crear una atmósfera de lujos y excesos alrededor de los altos funcionarios.

No es posible, sin embargo, hacer tabla rasa de todos los programas, políticas y acciones emprendidas a lo largo de la historia o decir que el 100 por ciento del presupuesto público ha sido mal empleado.

De la misma forma es un error plantear que la cancelación de programas, o su transformación en mecanismos de subsidio individual y directo, es la mejor respuesta frente al fenómeno de la corrupción, o que la simple modificación de la forma en que se ejercen los recursos erradica las malas prácticas.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la confirmación de una decisión que ya había sido anunciada por el Presidente de la República en sus conferencias “mañaneras”: la cancelación del “fondo minero” que implicaba la realización de importantes transferencias a estados y municipios donde las actividades extractivas forman parte de su economía.

El citado Fondo fue concebido como un mecanismo que permitiera financiar proyectos de remediación ambiental, es decir, proyectos para corregir los eventuales efectos negativos que la minería y la extracción de hidrocarburos deja en las comunidades en las cuales se desarrolla.

Si se revisa el catálogo de obras realizadas y las que se contempla financiar con dicho fondo en el presente año, parece claro que el Presidente tiene razón en una cosa: el dinero no ha sido utilizado para aquello que se etiquetó originalmente.

En el caso específico de Coahuila, que perdería al menos 330 millones de pesos este año por esta decisión, algunas de las obras que se contemplaba realizar con los recursos de dicho fondo eran pavimentación de calles, ampliación de redes de drenaje o introducción de alumbrado público.

Pero, como ya se ha señalado líneas arriba, el hecho de que los recursos no estén siendo utilizados de forma adecuada -o que las acciones financiadas no se encuentren en línea con la concepción original del Fondo- no se remedia cancelando la entrega de recursos, sino introduciendo reglas que impidan el uso del presupuesto en actividades distintas a las proyectadas.

Y en esto habrá que considerar un aspecto sumamente importante: la actividad extractiva tiene un impacto negativo en el medio ambiente y por ello las labores de remediación resultan indispensables. Cancelar el programa por ello, no solamente no resuelve ningún problema, sino que contribuirá al agravamiento de los existentes.