De acuerdo con las cifras del Instituto Nacional de Migración, nuestro país ha incrementado en forma sensible el número de inmigrantes expulsados del territorio nacional durante los últimos meses, período en el cual se ha registrado el arribo de caravanas masivas provenientes de Centroamérica.

Durante enero y febrero, de acuerdo con la dependencia, un total de 13 mil 643 migrantes fueron expulsados de México, principalmente desde el Estado de Chiapas por donde las caravanas, integradas sobre todo por ciudadanos de Honduras, han ingresado al país.

En este contexto, Coahuila registra cifras récord de inmigrantes devueltos a su país de origen, pues durante el primer bimestre de 2019 se han expulsado desde nuestra entidad el equivalente a más del 40 por ciento de todas las deportaciones realizadas el año pasado.

El crecimiento en la cifra de inmigrantes expulsados se da en el contexto de constantes señalamientos y amenazas por parte del Presidente de los Estados Unidos, respecto de “lo poco que México hace” -de acuerdo con él- para detener el arribo de migrantes a la frontera sur de su país.

Sin duda, como se ha dicho en otras ocasiones, el presidente Trump tiene el derecho de manifestarse en torno a los intereses del país que gobierna y, en ese sentido, señalar lo que su vecino del sur hace -o deja de hacer- en relación con el fenómeno de la migración.

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene también el derecho de confrontar públicamente -o no hacerlo- a su homólogo estadounidense a partir de las invectivas que con frecuencia lanza en contra del gobierno que encabeza. Como sabemos, ha decidido hacer lo segundo.

Sin embargo, resulta destacable que, habiendo decidido no polemizar con el magnate neoyorkino, el Gobierno de la República parezca haber decidido obsequiar la petición de los Estados Unidos al realizar deportaciones masivas de los inmigrantes que han decidido marchar desde Centroamérica en busca del llamado “sueño americano”.

Y es destacable porque el discurso manejado hasta ahora por la Presidencia de la República y su cancillería no es solamente uno de solidaridad con los migrantes centroamericanos, sino incluso de “alardeo” en el sentido de que las cosas van tan bien en México que nuestro país tiene la capacidad para ofrecer empleo a quienes han decidido abandonar su país.

Los miles de deportados parecen decir claramente lo contrario, es decir, que México no puede absorber la migración proveniente del sur y además estaría tratando de “atemperar” la beligerancia del gobierno de los Estados Unidos deportando masivamente a quienes han ingresado al país con la intención de llegar al vecino del norte.

México tiene, por supuesto, el derecho inalienable de aceptar o rechazar la inmigración centroamericana y, en ese sentido, no es dable criticar las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Migración. Lo que valdría la pena es que el discurso y las acciones fueran más consistentes y que todos tuviéramos claro exactamente cuál es nuestra política en este sentido.

*Economista y catedrático de la Facultad de Economía de la UAdeC