Formal prisión a Oceguera, ¿otro paso hacia la justicia?

El exalcalde de Ramos Arizpe, Ramón Oceguera Rodríguez, y quien fungió como tesorero en la administración encabezada por él, Vicente Barreda, recibieron ayer, por parte de una jueza de primera instancia en materia penal, el auto de formal prisión que implica permanecer privados de la libertad durante el tiempo que dure su juicio.

Acusados del delito de peculado, que en su caso implicaría el desvío –en provecho propio– de hasta 70 millones de pesos, detectado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) durante la revisión de las cuentas públicas en el periodo gubernamental de Oceguera.

Tras la decisión de ayer –que los abogados de los acusados intentaron evitar– se ha fijado un periodo de hasta 40 días para que las partes ofrezcan pruebas que demuestren o desestimen las conductas por las cuales son señalados ambos exfuncionarios municipales.

Dado que los hechos ocurrieron antes de que entrara en vigor el actual sistema penal acusatorio, Oceguera y Barreda están siendo juzgados según las reglas del anterior modelo y ello se traduce, entre otras cosas, en el hecho de que no se les apliquen reglas que eventualmente pudieran derivar en la adopción de medidas cautelares que les permitan enfrentar el juicio en libertad.

A juzgar por las decisiones tomadas hasta ahora por la jueza de la causa, todo hace indicar que, tanto la ASE como la Fiscalía, habrían integrado un caso robusto que les permitirá, eventualmente, obtener una sentencia condenatoria en contra de los inculpados.

¿Implica esto que se hará justicia en este caso? Habrá que esperar, desde luego, a que concluya el proceso iniciado el 29 de septiembre con el arresto del exalcalde y quien fuera su tesorero.

Es posible, sin embargo, señalar desde ahora lo que implicaría responder afirmativamente a la pregunta anterior y eso es solamente una cosa: que se recupere el dinero que, de acuerdo con las acusaciones enderezadas, fue sustraído ilegalmente de las arcas públicas.

En otras palabras, la Fiscalía está obligada a obtener una sentencia condenatoria en contra de los acusados, sentencia que debe implicar la reparación del daño, es decir, la devolución del dinero presuntamente robado.

Para ello solamente hace falta aplicar la fórmula clásica con la cual se combate la corrupción en el mundo: seguir el rastro del dinero. Y eso implica identificar cómo se sustrajeron los recursos de la Tesorería Municipal de Ramos Arizpe, a dónde fueron llevados y cómo habrían dispuesto Oceguera y Barreda de los mismos.

A partir de estas evidencias es posible, en primer lugar, determinar sin lugar a dudas la culpabilidad de los acusados y, en segundo lugar, señalar los bienes –inmuebles, cuentas bancarias o artículos diversos– que deben ser confiscados para garantizar el retorno de tales recursos a donde pertenecen.

Si eso ocurre, habrá que felicitar a las autoridades que intervienen en este proceso, pues en efecto se habrá hecho justicia en este caso, además de dar pasos claros y evidentes en el camino del combate eficaz a la corrupción.