En el mundo, suele decirse en el ámbito privado, sólo existen dos formas de amasar una fortuna importante: a partir de la invención de un producto que revoluciona algún aspecto de la vida cotidiana o mediante el esfuerzo de toda una vida en un área de negocio en la que se tenga éxito.

La fórmula es más o menos cierta en el mundo democrático y, sobre todo, en aquellos países en los cuales domina la economía de mercado. Pero en países como el nuestro, un grupo de individuos se las ha ingeniado para construirse una “tercera vía” de acceso al club de los millonarios: la incursión en el servicio público.

En efecto, la corrupción característica del sector gubernamental constituye una ruta fácil y rápida para amasar fortunas privadas en México y sobre el particular se ha escrito –y documentado– tanto, que ni siquiera hace falta argumentar para demostrar la veracidad de la afirmación.

Desde el presidente municipal del más humilde de los poblados del País, hasta el Presidente de la República –con muy contadas, cuanto honrosas excepciones–, los circuitos de la corrupción gubernamental todo lo pervierten, todo lo degradan.

Al amparo del poder público, y gracias a la tradición de ejercicio despótico del mismo, muchos de nuestros políticos han logrado amasar –en tiempo récord– importantes fortunas que, en no pocos casos, superan a las de quienes se han dedicado toda la vida a los negocios y han sido exitosos en este rubro.

Un buen ejemplo de esta situación lo constituye el reporte periodístico que publicamos en esta edición y que contiene un comparativo entre la fortuna que logró acumular el muy exitoso cantautor –apenas fallecido– Juan Gabriel, y el valor de las propiedades que las autoridades del vecino estado de Texas le han incautado a Javier Villarreal Hernández, extodopoderoso funcionario de la administración de Humberto Moreira Valdés.

De acuerdo con la información conocida, el “Divo de Juárez” habría dejado una herencia que se calcula en 30 millones de dólares. Juan Gabriel casi es un paria comparado con el valor de 37 millones de dólares que se adjudica a las propiedades que en Texas se incautaron a Villarreal Hernández y que desde la semana pasada son objeto de remate judicial.

Y es que la cifra anterior es sólo una parte del caudal de quien tuvo a su disposición el tesoro público de Coahuila: a las propiedades incautadas en el vecino país deben sumarse cuentas bancarias en paraísos fiscales, empresas constructoras que, se asegura, son de su propiedad y diferentes medios de comunicación cuya propiedad también se le adjudica en los corrillos políticos.

¿Cómo logra un funcionario que llegó a Coahuila siendo un individuo de modestos haberes convertirse repentinamente en alguien que acumula más dinero que alguien tan exitoso –durante tanto tiempo– como Juan Gabriel?

Resulta difícil imaginar una respuesta que no pase por la corrupción gubernamental y por el robo de dinero de las arcas coahuilenses. Aunque aquí se siga asegurando que no se ha perdido un centavo.