Uno de los muchos saldos indeseables de la época de violencia que padeció el País en el pasado reciente –y Coahuila con él– está constituido por la muy larga lista de personas asesinadas y desaparecidas a manos del crimen organizado cuyos integrantes actuaron, en no pocos casos, en connivencia con las autoridades de todos los órdenes de gobierno.

Miles de familias, a lo largo y ancho del país –e incluso en otros países–, nos recuerdan cotidianamente la magnitud del desastre que provocó el abandono de las responsabilidades públicas, abandono que implicó dejar a los ciudadanos a merced de los criminales.

Lo peor de todo, sin embargo, es que pese a la montaña de evidencia que existe al respecto, la respuesta de las autoridades –federales, estatales y municipales– sigue sin ser adecuada o eficaz, ni siquiera en los aspectos más elementales del fenómeno.

Y por elemental debemos entender, por ejemplo, el hecho de contar con un censo preciso de las personas sobre cuyo paradero no existe certeza, o un registro adecuado de los restos humanos que siguen pendientes de identificación.

Como lo publicamos en esta edición, el fiscal General de Coahuila reconoce que “hay fosas con más cuerpos de los que están registrados, por lo menos en los registros incipientes de los panteones municipales del estado. Esta situación varía en un 10 y 15 por ciento de las fosas comunes que están en esta situación”.

El reconocimiento anterior se da en un contexto específico: un incremento cercano al 50 por ciento en el número de cuerpos sin identificar, que se ha registrado en Coahuila en los últimos dos años, derivado sobre todo de la verificación física que se ha realizado de fosas comunes en los panteones municipales de la entidad.

El problema con el incremento de las cifras –que implica contar hoy con 675 cuerpos sin identificar– es que éste se da luego de la existencia de un Plan Estatal de Exhumaciones, plan que debió construirse a partir de un diagnóstico de la situación.

Adicionalmente, lo que los hechos parecieran revelar es que durante la época de mayor violencia los grupos criminales –y sus cómplices– no tuvieron mayor dificultad en utilizar los panteones de Coahuila para deshacerse de los cuerpos de sus víctimas.

Los hechos parecen evidenciar que, entre otros aspectos de nuestra vida colectiva, la delincuencia organizada también se hizo del control de lugares teóricamente bajo el resguardo y la vigilancia de las autoridades, y por ello no tenía siquiera la necesidad de crear fosas “clandestinas”, pues no existe mejor lugar para ocultar un cadáver que un panteón.

¿Debería la Fiscalía rectificar su diagnóstico inicial a propósito de la evidencia actual? ¿Se considera acaso la necesidad de explicar a la opinión pública el significado de este incremento en el número de cadáveres sin identificar? Cabría esperar que frente a tales cuestionamientos la respuesta no sea el silencio.