Frente al fraude, ¿penas más duras o sentido común?

La vida en democracia implica, entre otras cosas, la adopción y aceptación de un conjunto de reglas con cuyo cumplimiento nos obligamos todas las personas que integramos la sociedad. Dicho compromiso también incluye el aceptar que, eventualmente, seremos obligados a actuar conforme a dichas reglas, y que la coerción será ejercida por las instituciones públicas.

En otras palabras, la vida en democracia implica que quien incumpla las reglas comunes sufrirá las consecuencias previstas en esas mismas reglas para tales casos. En el caso de las conductas más indeseables, que han sido identificadas como delitos, las consecuencias son tan grave como la pérdida de la libertad.

En este sentido, una idea ampliamente extendida es que el temor a recibir un castigo de tal severidad es lo que inhibe las conductas delictivas y por ello, cuando un delito prolifera, la reacción instintiva es proponer un castigo más severo pues se considera que el existente no es un disuasor eficaz.

El planteamiento es lógico, desde luego, pero no necesariamente es la mejor ruta para lograr el objetivo real: que las conductas delictivas no se registren, es decir, que sean inhibidas cuando alguien se encuentre en la posibilidad de incurrir en ellas.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo a la decisión adoptada por el Congreso de Coahuila en el sentido de incrementar al doble la pena de cárcel, establecida en el Código Penal de Coahuila, para el delito de fraude, cuando éste implique la utilización de esquema “piramidales” comúnmente conocidos como “Flor de abundancia, Células de Gratitud, Bolas Solidarias, Círculo de la Prosperidad, Pirámide Millonaria, Rueda de la Amistad o Mandala”.

De acuerdo con la reforma aprobada ayer, la comisión de fraudes mediante esta modalidad implicará en adelante la posibilidad de castigar hasta con 18 años de cárcel a quien lo cometa. Y de acuerdo con la lógica a partir de la cual se planteó la reforma, esto deberá inhibir a conducta.

Ir a la cárcel por hasta nueve años ya era una pena severa, vale la pena señalarlo. Por otra parte, también es importante decir que muy probablemente las personas que desarrollan este tipo de estrategias para engañar personas incautas no saben que están cometiendo un delito que implica la posibilidad de terminar en la cárcel.

Pero lo más importante de todo tal vez sea señalar que el mejor antídoto contra este tipo de fraudes lo constituye el sentido común. Porque si algo suena demasiado bueno para ser cierto -en el caso de los esquemas piramidales, ganar dinero sin hacer esfuerzo alguno-… ¡lo más seguro es que no sea cierto!

En línea con este sencillo argumento vale la pena decir que, si bien es una buena idea contar con castigos severos para conductas delictivas como el fraude, lo más importante no es castigar a quien defrauda, sino impedir que tal delito se cometa.

Y el antídoto contra el fraude no está en establecer castigos cada vez más severos para los defraudadores, sino en que todos aprendamos a identificar un esquema fraudulento y, de esta forma, evitemos caer en él, pues una vez que alguien se ha convertido en víctima, lo más probable es que, aún cuando se castigue severamente al defraudador, los recursos perdidos no se recuperen.