García Luna, ¿primero en la lista?

El martes, una noticia opacó el final de la negociación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá: agentes federales habían detenido en los suburbios de Dallas a Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón. El fiscal Richard Donoghue, del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn, donde se juzgó a Joaquín El Chapo Guzmán, lo acusó de recibir millones de dólares del Cártel de Sinaloa y de conspiración con el narcotráfico.

Donoghue dijo que era por lo que se había señalado en su contra en la Corte de Brooklyn y en otros tribunales. Es decir, la acusación no sólo se sustentaba en lo que esa fiscalía había investigado, sino en testimonios de diferentes cortes. Sin embargo, el fiscal dejó entrever que una parte importante de la acusación se había hecho durante el juicio de El Chapo Guzmán. La hizo Jesús Zambada, apodado El Rey, hermano del jefe del Cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, en una declaración ante el Gran Jurado, que se usó en Brooklyn.

En el quinto día del juicio, su abogado recordó que Zambada, que no quiso ratificar ante ese tribunal su declaración por el riesgo de no poderla respaldar con pruebas y perder su calidad de “testigo protegido”, había afirmado que le entregó una maleta a García Luna en un restaurante con tres millones de dólares -que caben en tres cajas si los billetes de 100 dólares-, a nombre de su hermano. Un despacho del corresponsal de la agencia Reuters, detalló más imputaciones:

“Un testigo en el juicio sobre la acusación de tráfico de drogas en Estados Unidos del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, testificó que pagó un soborno multimillonario a un subordinado del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en 2005. El vocero de López Obrador no respondió inmediatamente la llamada, ni el mensaje de texto en busca de su comentario… Zambada dijo que pagó ‘unos cuantos millones’ de dólares a un funcionario del gobierno de la Ciudad de México mientras López Obrador era jefe de gobierno, porque creía en ese momento que iba a convertirse en el próximo secretario de Seguridad Pública”.

En enero, dentro del mismo juicio, Alex Cifuentes, quien se identificó como secretario personal de Guzmán a finales de la década pasada, testificó que le había pagado un soborno de 100 millones de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto en 2012. Otros nombres de personas relevantes en México empezaron a salir, como el del expresidente Felipe Calderón, a quien los testigos protegidos acusaron también de recibir dinero del narcotráfico, que llevó a la Casa Blanca a solicitar al juez que aquello que no tuviera sustento ni fuera motivo del juicio, no se hiciera público. Pero el batidero estaba hecho. Gobernadores, políticos, militares y policías aparecieron durante el juicio como parte de lo que se dibujó como una corrupción sistémica en México.

En una columna publicada a mediados de noviembre del año pasado, se señaló que si todas las afirmaciones que hizo El Rey Zambada fueran ciertas, desde hace décadas México sería un narcoestado. Pero eran tan extraordinarias las imputaciones, que, pese a no haberlas ratificado en la Corte, habría que preguntarse qué estaba persiguiendo la Fiscalía en Brooklyn, y continúa buscando, al seguir utilizándolas en otros casos. La acusación de Zambada no era nueva. La hizo por primera vez tras ser detenido en 2008, cuando señaló que García Luna y su equipo, que trabajaban en el desmantelamiento del Cártel de Sinaloa, habían recibido dinero del Cártel de Sinaloa.

El entonces procurador, Eduardo Medina Mora, buscó evidencias contra García Luna, sin encontrar alguna, pero a un miembro clave de su equipo, el comisionado de la Policía Federal, Gerardo Garay, apoyado en una declaración de Edgardo Bayardo, un mando medio de la Policía Federal detenido por García Luna al comprobársele que recibía 25 mil dólares mensuales del Cártel, lo metió a la cárcel. Cuatro años después, Garay fue exonerado de todas las acusaciones.

Zambada fue extraditado a Estados Unidos y se convirtió en uno de los testigos importantes en el juicio contra Guzmán, que como se publicó hace más de un año, tenía un alcance mayor. Todo el Estado mexicano fue puesto a juicio en Brooklyn, y las imputaciones de Zambada, contra lo que se propuso en esta columna, no se tomaron con cuidado por los antecedentes sobre la calidad de los testigos protegidos, y el daño reputacional que hacían. 

Un testigo protegido de la DEA acusó a Manuel Bartlett, exsecretario de Gobernación, de haber estado involucrado en el asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar, y pese a que años después se desmoronaron todas sus imputaciones, el daño quedó sobre el actual director de la Comisión Federal de Electricidad. Dos testigos protegidos de la DEA acusaron a Raúl Salinas de recibir dinero del narcotráfico, y sin importar que fueron expulsados del programa porque nunca pudieron probar las imputaciones, la mancha quedó sobre el hermano del expresidente.

Hoy, una vez más, los fiscales en Estados Unidos le dan credibilidad a un testigo protegido. García Luna es la primera víctima del Estado mexicano del juicio contra Guzmán. Ya deberá probar la Fiscalía la solidez de su caso, y si es contundente, la lista que sigue incluye a Peña Nieto y a Calderón, junto con personas vinculadas al gobierno de López Obrador. Haber pactado con Estados Unidos el nuevo esquema de seguridad -del que se hablará más adelante-, no blinda al presidente de un ataque futuro; que no se le olvide la captura del exsecretario, laureado, reconocido y muy aplaudido por los estadounidenses, es el mejor ejemplo.

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