Genaro García Luna, al banquillo de los acusados

“Cuando el río suena es porque agua lleva”, advierte con sabiduría la voz popular. Y en el caso de Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública de México, en el gobierno de Felipe Calderón, arrestado ayer en los Estados Unidos, el anatema parece cumplirse puntualmente.

La acusación que el fiscal para el Distrito Este de Nueva York, Richard P. Donoghue, ha enderezado en su contra es gravísima: “aceptar millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa, de ‘El Chapo’ Guzmán, mientras controlaba a la Policía Federal de México y era responsable de garantizar la seguridad pública”.

Producto de la presunta connivencia con la organización criminal, “cuando García Luna se mudó a los Estados Unidos en 2012, había acumulado una fortuna personal de millones de dólares”, ha dicho la Fiscalía estadounidense cuyo representante puntualiza que el exfuncionario habría recibido personalmente, al menos en dos ocasiones, “maletines que contenían entre tres y cinco millones de dólares”.

Quien fuera responsable de la seguridad pública del país compareció ayer ante una corte en Dallas, donde fue detenido, y se estableció el 17 de diciembre como fecha para la audiencia en la cual podrá solicitar libertad bajo fianza. Permanecerá bajo arresto al menos hasta entonces.

A García Luna lo han perseguido largamente señalamientos relativos a una presunta complicidad con las organizaciones criminales mexicanas y específicamente con el cártel encabezado por Joaquín Guzmán Loera. Múltiples voces han especulado que durante el sexenio de Felipe Calderón dicha banda criminal recibió “trato preferencial”.

Habrá que esperar, desde luego, al desarrollo de las audiencias del caso y a escuchar los argumentos de su defensa que, hasta el cierre de esta edición, había optado por el silencio.

Por lo pronto, sin embargo, el caso se alza como el más reciente escándalo que abona al retrato que cotidianamente se hace desde la Presidencia de la República, en el sentido de que el pasado reciente del país ha estado signado por la cultura de la corrupción y de la complicidad, características que se ubican como causa de la violencia padecida por la población.

Como a cualquier persona acusada ante una autoridad judicial, a García Luna debe presumírsele inocente hasta que se pruebe lo contrario, pero eso no evitará que nuevamente corran ríos de tinta rememorando su trayecto por el servicio público, mismo que estuvo sembrado de escándalos.

Más allá de la polvareda levantada por la detención, valdrá la pena poner atención en los detalles que seguramente revelará el juicio en relación a la forma en la cual el crimen organizado se ha relacionado con el poder público en México, un hecho largamente denunciado en nuestro país.

Y valdrá la pena, además de para castigar los excesos en que se incurrió en el pasado, para cuestionar si tales relaciones efectivamente se han terminado ya, o si el esquema de connivencia con la delincuencia constituye todavía una realidad en el presente.