Gobernadores vs presidente

Los gobernadores de la llamada Alianza Federalista traen pleito con el presidente López Obrador, las formas de este choque no tienen precedente en la historia reciente de México. Tendríamos que remontarnos al pulso entre Juárez y Vidaurri a mediados del siglo XIX o a los bandazos centralistas y federalistas de López de San Anna, para ponderar los alcances de este enfrentamiento.
El dinero público ha sido y es una herramienta de control. “El que paga manda”, reza el dicho popular. La erosión y desmoronamiento de la “presidencia imperial” amplió los márgenes de control y maniobra de los gobernadores y ello se reflejó, entre otros hechos, en un “federalismo fiscal” nunca antes visto.

Hoy los gobernadores tienen un mayor control político y ello, sumado a la ausencia de liderazgo en el bando federal opositor, permite a los ejecutivos estatales dar mayor fuerza a sus reclamos y demandas.

Se trata de dinero público que, bajo la forma de impuestos y derechos, pagamos las personas físicas y morales. No es dinero propiedad del gobierno, no surgió por generación espontánea o echando a andar la impresora de billetes, es producto del esfuerzo y el trabajo de decenas de millones de contribuyentes.

El pleito consiste en definir quién controla, administra y distribuye esos recursos que, para no pocos políticos, simplemente es un botín al alcance de su mano. Según los dichos de uno y otro bando, ambos se consideran y asumen como legítimos representantes del pueblo y, por tanto, como figuras investidas por el derecho a manejar el dinero del pueblo.

Nos guste o no, hemos de admitir que, para efectos prácticos, los ciudadanos de a pie, hemos sido y somos meros espectadores tanto del pleito que hoy protagonizan, como del manejo que dan a esos recursos.

A finales del siglo XX, en el ocaso del viejo régimen, se dieron luchas muy importantes contra del centralismo presupuestal, pero lo fueron desde el plano municipal y contribuyeron a la lucha por la democratización del sistema político mexicano, aunque tuvieron poco impacto en los presupuestos municipales. Quedan para la historia los nombres y luchas de Francisco Villarreal de Ciudad Juárez, Luis Correa Mena en Mérida, Carlos Medina Plascencia en León, Gabriel Hinojosa en Puebla, César Coll en Guadalajara, Jesús Hinojosa en Monterrey y Rosendo Villarreal en Saltillo.

El debate sobre quién y cómo se cobra, administra y distribuye el dinero de los impuestos ha sido pospuesto una y otra vez. Primero lo opacó el autoritarismo, después lo hizo la transición democrática y finalmente, ya dentro de un sistema formal de democracia electoral, en lugar de apostar por un auténtico pacto federal moderno, la mayoría opositora en el Congreso prefirió secuestrar al ejecutivo, tenerlo como rehén y contentarse con los recursos provenientes de la bonanza económica de esos años.

El debate hasta ahora pospuesto, es sumamente complejo y requiere seriedad y conocimientos técnicos. Para lo barato que anda el debate público en México, es muy  fácil descarrilarlo. Tal como hoy existe, el pacto fiscal federal mexicano es injusto, el choque de intereses es álgido y el momento para discutirlo difícilmente puede ser peor. Se entendería poco y mal y caería de perlas para que afloren resentimientos, prejuicios, animadversiones, odio y desinformación por doquier.

En cualquier caso, debería partir de premisas muy sencillas y claras. Propongo dos. 1. La federación lleva a cabo el principal proceso de recaudación. Recientemente los estados se sumaron para ayudar en la tarea. Los gobiernos estatales y municipales suelen rehuir el costo político que implica el cobro de impuestos. El impuesto predial y los derechos de agua son dos ejemplos de una muy mala recaudación municipal. 2. La federación acapara para sí la mayor tajada del pastel, es cierto, pero los gobiernos estatales hacen exactamente lo mismo con respecto a los ayuntamientos. “El pez grande se come al chico”. Mientras los gobernadores y el presidente sigan influyendo en el reparto de cargos públicos en sus partidos, seguirán controlando el presupuesto.

La pirámide mexicana siempre ha estado invertida, el gobierno central, el más alejado del ciudadano es quien más recursos controla, le siguen los gobiernos estatales y en la cola, con las migajas se encuentran los ayuntamientos, las entidades más cercanas al ciudadano, las que enfrentan más exigencias y reclamos. La autoridad municipal sigue al final de la cola, ella que debiera asumir el peso mayor del presupuesto. Ayuntamientos empoderados, estrechamente vigilados por los ciudadanos podrían hacer un mayor bien sin su principal pretexto para mal gobernar: el centralismo imperante.

Twitter: @chuyramirezr
Jesús Ramírez Rangel

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