Gobierno compra alertas sísmicas, pero desaparecen o se quedan guardadas
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Solo en Oaxaca, el estado más afectado por el sismo del 7 de septiembre, hay 3 mil 400 alertas guardadas en bodegas del estado; mientras que en la Ciudad de México, otros 4 mil simplemente desaparecieron
Por Paris Martínez (@paris_martinez) para Animal Político
Oaxaca –el estado más afectado por el sismo del 7 de septiembre– cuenta desde 2012 con 6 mil radios de alertamiento sísmico, cuya distribución hubiera permitido advertir a la población hasta con 30 segundos de anticipación sobre la inminencia de un temblor fuerte.
Sin embargo, según información de la Coordinación Estatal de Protección Civil del estado, 60% de esos radios nunca fueron distribuidos y llevan más de cinco años guardados en bodegas.
Los 2 mil 546 aparatos restantes, por si fuera poco, solo se distribuyeron en los municipios de la región de los valles centrales del estado. Por ello, Juchitán –donde murió el mayor número de víctimas por el sismo del 7 de septiembre– no tenía ni una alerta.
Como parte del sistema de alertas, Oaxaca también adquirió 13 bocinas de alto alcance para difundir la señal de advertencia ante sismos, pero éstas, tal como los radios, solo se instalaron en la capital del estado.
Aunado a ello, a finales de agosto de 2017, el portal informativo NVINoticias.com, dio a conocer que el sistema de alerta sísmica dejó de operar en Oaxaca, desde enero pasado, por adeudos del gobierno estatal con el proveedor del servicio.
Entre julio de 2010 y julio de 2011, los gobiernos federal y de la Ciudad de México gastaron, en conjunto, 255 millones de pesos para modernizar el Sistema de Alerta Sísmica Mexicano, lo que incluyó las radios que no se repartieron en Oaxaca.
Al menos tres entidades más están en la misma situación: según información oficial, en la Ciudad de México, 4 mil 135 aparatos desaparecieron y 3 mil 297 permanecen en bodegas; en Michoacán no se conoce el destino final de los 200 aparatos asignados, y en Guerrero hay otros 2 mil 200 desaparecidos.
El titular de la Coordinación Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) de la Secretaría de Gobernación, Carlos Valdés González, reconoció que lo que se ha hecho con estos aparatos ha sido una “barbaridad”.
