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Aseguran no han acatado la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde que se emitió en 2017 sólo dos de los 9 puntos que dictó han sido cumplidos

Mujeres víctimas de tortura sexual durante los hechos ocurridos en mayo del año 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, aseguran que el gobierno federal ha incumplido la resolución emitida por la Corte en octubre de 2019, por lo que exigen al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que se dé celeridad en el caso.

En conferencia de prensa, las abogadas de las víctimas aseguraron que desde que el gobierno mexicano fue notificado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2018 no ha habido una plena implementación de las 9 medidas de reparación, investigación y no repetición, adoptadas por el órgano internacional, pues sólo se ha dado cumplimiento a dos.

“El día de hoy no tenemos buenas noticias para darles, tenemos las peores noticias, tenemos hemos recurrido a la exigencia de justicia de verdad y de no repetición con cuatro gobierno distintos, esos cuatro gobiernos distintos son un solo Estado mexicano y los cuatro gobierno nos han llevado al límite de la injusticia, de la repetición de actos pareciera que nuestra lucha no tiene sentido”, expresó Edith Rosales Gutiérrez, víctima presente en la rueda de prensa.

Aseguraron que sí bien el Estado Mexicano inicialmente expresó su compromiso de garantizar la reparación, la justicia y la no repetición, dando cumplimiento a lo ordenado por la Corte IDH en su sentencia Mujeres Víctimas de Tortura Sexual en Atenco contra México, notificada en diciembre de 2018, hoy las mujeres sobrevivientes han expresado su más profunda preocupación ante el estado de incumplimiento que guardan las medidas del fallo interamericano.

“Van dos años de esa sentencia y nada, otro gobierno tampoco nada, y lo más chistoso es que este gobierno no tiene que agarrar y negociar nada con nosotros, ya la sentencia está, ya lo único que tiene que hacer es ejecutar una sentencia que ya está dada, sin embargo no quiere y no quiere, porque no quiere cumplir con la justicia”, añadió Claudia Hernández Mártinez, victima de los hechos ocurridos en 2006.

Las dos medidas cumplidas son la indemnización a las víctimas y la publicación de la sentencia tanto en medios impresos como digitales . Sin embargo, aseguraron siguen “estancadas”, siete más:

La investigación de todos los responsables, tanto a nivel estatal como a nivel federal y la cadena de mando.
El tratamiento médico y psicológico
El acta de reconocimiento de responsabilidad.
La creación de un observatorio independiente que garantice no se vuelvan a repetir hechos como los de Atenco
Las becas a las víctimas
El fortalecimiento al mecanismo de tortura sexual.
Los gastos y costos a seguir como organización que también acompañado a las mujeres.

De acuerdo con las abogadas del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro, el plazo otorgado por la Corte IDH para el cumplimiento de la mayoría de las medidas era de máximo dos años: “A partir de octubre de 2019 se encuentra detenido y han cambiado al menos tres ocasiones de ruta para su funcionamiento”.

Asimismo, aseguraron que con el desacato de la corte no sólo están propiciando la injusticia, sino además la repetición de los hechos, pues otra medida aún no acatada es la creación de un observatorio independiente para supervisar el uso de la fuerza mismo que debía incluir a la Policía Federal y a la nueva Guardia Nacional.

“Yo creo que con el observatorio nos quedamos cortos, a la no repetición no sólo sería el observatorio, si no sería desaparecer en este caso la ley del uso de la fuerza, porque no se debería de usar el uso de la fuerza, sería desaparecer de la calle a la Guardia Nacional que no tienen nada que hacer aquí y todo eso se debería de documentar y de manejar una ley que prohíba que contra el pueblo se use las instituciones gubernamentales”, apuntó Claudia Hernández, integrante de Mujeres de Atenco.

Por último añadieron que respecto a la investigación de los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) continúa sin remitir la investigación abierta contra policías estatales, a la Fiscalía General de la República (FGR), quien desde septiembre de 2019 ejerció la facultad de atracción con la finalidad de investigar los hechos en conjunto, incluyendo los tres niveles de responsabilidad.

“Esta actitud de la FGJEM se da a pesar de que un juez de amparo ordenó la revisión de esta negativa en noviembre del 2020. Así, la misma instancia de procuración de justicia cuyo actuar fue evaluado por la Corte IDH como falto de debida diligencia se niega a cumplir con lo ordenado por el tribunal internacional, dejando fragmentada la investigación y obstaculizando la posibilidad de investigar la cadena de mando”, finalizó Sofía de Robina, integrante del área internacional del Centro PRODH.