Gobierno y sociedad son un matrimonio indisoluble en la democracia. Si sólo hay gobierno hay dictadura. Si sólo hay sociedad hay anarquía. Si hay una combinación de ambas hay democracia. Por supuesto, para que haya democracia se requiere la participación activa de los ciudadanos.

En 2018, 30 millones de mexicanos, aunque el número es bastante bajo en comparación con los 88.7 millones que conforman el padrón electoral, salieron a votar por un formato distinto, cansados de una forma de gobernar a modo.

La operación de las políticas públicas, antes del 1 de julio pasado, tenía como punto de partida la percepción que tenía el gobernante en turno sobre lo que él consideraba había que mejorar, olvidaba los compromisos de campaña y se cerraba a la realidad. Es decir, la agenda la marcaba su equipo de trabajo o la ceguera y miopía que tenía sobre una realidad a modo. Los beneficiados eran unos cuantos.

Le apostaban a la apatía, a la ignorancia, al desinterés, a la desinformación, a la impunidad, a la corrupción, al abstencionismo y a la creación intencional y sistemática de pobreza a gran escala, porque al final del día, ese era su mejor capital político.

El pasado 1 de diciembre, cuando el equipo del actual Presidente asume el nuevo Gobierno, nos presentó a todos los mexicanos, frente a los grupos originarios, una analogía simple y sencilla de interpretar el estilo y el rumbo de su gobierno, y ahí propuso 100 compromisos prioritarios. Así pues, en la visión de País que busca prefigurar el nuevo Gobierno; la justicia social, la macroestabilidad económica, la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento del Estado se convirtieron en temas prioritarios. Esa es su agenda pública.

En síntesis, cada uno de esos temas contiene una gran cantidad de subtemas que requieren solución inmediata. Sin embargo, la agenda pública del Presidente, del actual Gobierno mexicano, debe de asentar su fuerza en la sociedad.

Lo que hemos estamos viviendo en estos últimos días es el mejor ejemplo, por un lado, de una buena iniciativa por parte del Gobierno Federal y, por el otro, de una ausencia de la ciudadanía para determinar el rumbo que debe de llevar el combate al robo de hidrocarburos en México. No es la protesta virtual la clave para solucionar una problemática; es la necesidad de comenzar a ser de una vez por todas, una ciudadanía activa.

Seguramente si hubiese habido una inducción por parte del Gobierno para poner en marcha el plan para frenar a todos los actores que anualmente se llevaban, sin despeinarse, cerca de 10 mil millones de pesos, todos nos hubiéramos unido sin chistar al proyecto. Pero cuando el Gobierno va por un lado y la sociedad por otro, las consecuencias son desorden y caos como el que observamos en la Ciudad de México, el Estado de México, Guanajuato, Jalisco y el “apanicamiento” que se dio en Saltillo, por cierto, psicosis innecesaria.

No podemos dejar solo al Gobierno por muchas razones, la más importante es que vamos en el mismo barco que se llama México. No olvidemos que la ciudadanía, debe de controlar y moderar el poder que hemos dado a los servidores públicos, hayamos o no votado por él.

Por tanto, con un Gobierno con las características de lo que hemos visto hasta el momento, donde se toman decisiones omnímodas, requiere de una ciudadanía que acompañe, que vigile, que sea imparcial, que propicie y participe del debate público. De medios que no sean viscerales y no mal informen, de académicos comprometidos con la vida pública, de participación permanente de la ciudadanía y no sólo cuando nos toquen, como ha sido con el caso de la gasolina.

Vigilar, presionar, controlar, supervisar y moderar la forma como ahora se gobierna es una responsabilidad que debemos de fomentar y llevar a la práctica. Si el Gobierno del actual Presidente de la República, no quiere caer en desgracia, necesita apoyarse en las instituciones, en las organizaciones civiles y no gubernamentales y en los ciudadanos de a pie, porque sociedad y gobierno hacen un maridaje perfecto.