La participación ciudadana se da por diversas vías. Hay quienes prefieren hacerlo por el esquema de partidos y otros, desde la cancha ciudadana. Por años este país no ha dado tregua, la opacidad, la corrupción y la impunidad nos han conducido a una crisis de violaciones graves a los derechos humanos perpetrados por el Estado mexicano.

Esta situación ha demandado un trabajo arduo y cada vez más profesionalizado por parte de la sociedad civil organizada, la cual ha propuesto leyes, realizado informes, participado activamente en la implementación de modelos de gobernanza y sentado un precedente en Latinoamerica en casos de litigio estratégico en materia de derechos humanos, algunos de estos vinculados con la libertad de expresión.

Gracias a este papel importante de los organismos no gubernamentales, se han sentado las bases para el funcionamiento de instituciones autónomas, y en sinergia con el periodismo de investigación, se han dado a conocer algunos de los casos de corrupción más escandalosos en la historia reciente del país. Aspectos que contribuyeron a formar un criterio en el electorado que le dio el triunfo al actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, ahora el ejecutivo ha optado por promover un discurso y una serie de acciones que golpean la vida cívica en México. Para muestra, el envío de una nota diplomática a la embajada de Estados Unidos, a través de Secretaría de Relaciones Exteriores por el financiamiento otorgado a organizaciones civiles como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad y Artículo 19, por la Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional (USAID), el cual calificó como “injerencia e intervencionismo”.

Estigmatización es la dosis diaria que receta un presidente, cada día más beligerante contra todo aquello que lo contradiga. En pocas palabras, la criminalización bajo ninguna circunstancia puede ser la respuesta de un jefe de Estado a la violencia y a su incapacidad para resolver una crisis de derechos humanos que con su desempeño está agravando.