El Grupo México sigue haciendo de las suyas como uno de los mayores depredadores del medio ambiente terrestre y marítimo en México. La semana pasada una fuga en un tanque de la minera Metalúrgica de Cobre, propiedad de esa empresa, provocó el derrame de 3 mil litros de ácido sulfúrico a las aguas del Mar de Cortés, en la Terminal Marítima de Guaymas, Sonora, región que es conocida por la riqueza de su diversidad biológica.

El desastre ecológico no es el primer atropello, agravio e irresponsabilidad de estas empresas pertenecientes al patrón Germán Larrea, el segundo hombre más rico de este País, cuya fortuna se estima cercana a los 16 mil millones de dólares (Forbes). La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Semarnat dieron cinco días a Grupo México para que esclarezca el derrame de ácido sulfúrico y pronto aparecieron fotografías de peces y tortugas muertos, sin embargo, la empresa trabajaba de manera normal sin realizar obras de limpieza en el área afectada. 

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que Grupo México será castigado por los daños causados en el Mar de Cortés, el que hace 14 años fue declarado Patrimonio Natural Mundial de la Humanidad.

El diputado local por el partido Morena, del Congreso de Sonora, Carlos Navarrete Aguirre declaró: “el Grupo México está acabando con nuestro entorno, destruye cerros, montañas, contamina nuestros ríos, el mar, provoca enfermedades, nos mata de cáncer y mata toda clase de especies animales; esto no quedará impune, exigimos la cancelación de la concesión al grupo tóxico de Germán Larrea” (Publimetro).

Ahora, ante el reciente derrame a las aguas del Mar de Cortés, la organización civil Poder insiste en que el actual Gobierno Federal debe hacer valer la ley ambiental y castigar rotundamente a Grupo México por los recurrentes daños ambientales que provoca en el territorio nacional, ya que es una empresa que está acostumbrada a “salir impune”, enfatizan. 

Grupo México ha sido acusado en numerosas ocasiones por irregularidades de diversa índole que evidencian su displicencia. El 19 de febrero de 2006, el derrumbe en la mina de Pasta de Conchos –en San Juan de Sabinas– causó el fallecimiento de 63 trabajadores por falta de medidas de seguridad; el hecho fue clasificado como homicidio industrial, es un caso que permanece impune a pesar de la lucha sin tregua de la Familia Pasta de Conchos (FPC). 

La impunidad concedida a Grupo México por el derrumbe de Pasta de Conchos fue encubierta por diputados del PRI y funcionarios federales del PAN, mediante una “mesa permanente”. Ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador escuchó la petición de la FPC para rescatar los cuerpos de los mineros fallecidos en el derrumbe, lo que con muchos esfuerzos está en proceso.

También se acusó a la empresa Grupo México, de Germán Larrea, de otro de los desastres ecológicos más grandes en México como fue el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre en los ríos Bacanuchi y Sonora, ocurrido el 6 de agosto de 2014, en el que más de 24 mil personas tuvieron afectaciones directas; la Profepa presentó una denuncia penal en contra del complejo minero Buenavista del Cobre de Grupo México para resarcir a los daños a los afectados, para ello se creó un fideicomiso de 2 mil millones de pesos que al final se manejó discrecionalmente y sin transparencia, lo que impidió reparar los daños a los afectados: impunidad y complicidad institucional, eso fue. 

Entonces la organización civil Poder informó que Grupo México apenas pagó una multa “equivalente a 0.00001 por ciento de sus ingresos de aquel año”, fue una penalización “irrisoria, nadie fue a prisión” y ni siquiera se valoró la posibilidad de retirar la concesión, sostiene la organización.

La irresponsabilidad de las empresas de Grupo México es intolerable, la Semarnat sostiene que el derrame en el Mar de Cortés es el número 22 y que con esa trayectoria podría ser suspendida. 

Rosa Esther Beltrán Enríquez