Con sólo un voto en contra, los integrantes de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobaron ayer la minuta que les devolvió el Senado de la República, mediante la cual se aprueba la creación de la Guardia Nacional como un organismo policial netamente civil.

Con ello, es importante precisarlo, apenas se ha dado el primer paso en la creación del nuevo cuerpo de seguridad con el cual, de acuerdo con el ofrecimiento del Presidente de la República, el Estado Mexicano será más eficaz en su tarea de garantizar la seguridad pública.

Y es que la reforma constitucional sólo define el marco general para la existencia de dicho cuerpo, aún hace falta que se determinen las especificidades relativas a su operación, lo cual requerirá de la promulgación de al menos tres leyes secundarias adicionales.

Para ello, y una vez que la mayoría de los congresos estatales voten a favor de la reforma, el Congreso de la Unión contará hasta con 90 días para discutir y aprobar la Ley orgánica de la Guardia Nacional; la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y la Ley Nacional del Registro de Detenciones.

Sólo después de que el marco normativo secundario haya sido creado podrá procederse a la integración formal de la Guardia Nacional y ésta podrá iniciar a operar y consolidarse, tarea para la cual el Gobierno de la República contará con un plazo de hasta cinco años.

Durante ese plazo, la administración de Andrés Manuel López Obrador podrá seguir contando con el auxilio de las fuerzas armadas para realizar tareas de seguridad pública pero –al menos en teoría– cumplido dicho plazo los elementos castrenses regresarán a sus cuarteles y no existirá más la posibilidad de que participen, como lo han hecho hasta ahora, en tareas policiales.

Y aun cuando pueda no considerarse razonable que los militares sigan en tareas para las que ha quedado claro no cuentan con los conocimientos ni la capacitación necesarios, al menos ahora se ha establecido un plazo cierto, a partir del cual ni el Gobierno Federal ni los gobiernos de los estados podrán escudarse en el pretexto de que “no existe alternativa” para cumplir con la obligación de garantizar la seguridad pública.

Ha comenzado a correr pues la cuenta regresiva para dejar de ver a militares en tareas que no corresponden a su naturaleza. Y todos tendríamos que estar interesados en que las condiciones pactadas en la reforma constitucional se cumplan a cabalidad.

Porque el largo periodo de violencia que hemos vivido, así como sus funestas consecuencias, tienen como uno de sus componentes relevantes el abuso en el uso de la fuerza por parte de los elementos militares a quienes nunca debió involucrarse en tareas de seguridad.

Los países democráticos del mundo tienen claro que la seguridad pública es una tarea civil que debe estar exclusivamente a cargo de civiles. México –en buena hora– ha tomado una decisión en este sentido.

Lo que toca ahora es asegurarnos de que los ofrecimientos se cumplan y lleguemos puntuales a la cita en que agradezcamos los servicios de la milicia y les veamos partir a sus cuarteles en forma permanente.