Tras casi 40 años de política neoliberal en México, hoy por fin la hacienda pública cumple su papel como mecanismo para redistribuir los recursos entre la población y financiar el desarrollo nacional.

En el pasado, la colusión entre el poder político y el poder económico impedía el estricto respeto al Estado de derecho, generando desequilibrios y violaciones a los principios constitucionales de equidad en el pago de las contribuciones.

Hoy, en México como en otros países del mundo, la tendencia es reestructurar el Estado de bienestar, para lo cual es indispensable reorientar los recursos públicos, a fin de atender las principales necesidades de la población.

A este panorama de suyo complicado, la pandemia sumó nuevos retos a la Cuarta Transformación que ya estaba en marcha. Antes de la contingencia, el presidente López Obrador asumió 100 compromisos con el pueblo de México, uno de los cuales fue no aumentar los impuestos ni crear nuevos durante los primeros tres años de su administración, lo que, pese a la pandemia que tomó por sorpresa al mundo, será una realidad en este año, con lo que se abre la puerta a posibles regulaciones de la política hacendaria.

En el Senado de la República se han aprobado cambios para acompañar los compromisos con la sociedad mexicana, como la reforma constitucional para prohibir la condonación de impuestos; el aumento de las penas para quienes emitan facturas falsas, y la inclusión de la defraudación fiscal en el catálogo de los delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Asimismo, en la Cámara Alta existe una agenda legislativa en la materia, que deberá discutirse en la próxima legislatura, e incluye temas como la creación de un impuesto digital que permita la recaudación tributaria de los gigantes tecnológicos, el impuesto especial al cannabis –una vez que sea regulado–, y otras modificaciones de carácter progresivo que logren aumentar los recursos del Estado para cumplir con los retos de la reactivación económica.

En este sentido, los buenos resultados que entregará el titular saliente de la Secretaría de Hacienda así como la eventual propuesta del funcionario ante el Senado como próximo gobernador del Banco de México son bien recibidos por los diversos sectores interesados.

La posibilidad de contar con un perfil como el del aún secretario de Hacienda en Banxico, representa una esperanza de transformación profundas, pues enarbola una nueva política basada en la búsqueda del bienestar y la equidad, y no en la sola obtención de resultados en las métricas, como sucedía con la tecnocracia que acompañaba el modelo neoliberal.

Quienes pretenden generar incertidumbre sobre los recientes cambios anunciados, sobre todo las voces que alertan contra una posible vulneración a la autonomía del Banco de México, deben recordar: todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste; es decir, a pesar de que los órganos constitucionalmente autónomos no dependan de ningún Poder de la Unión, sí lo hacen de la soberanía popular y su mandato, por lo que, más allá de ideologías y reticencias partidistas, el Banco Central debe velar por conservar la duramente conquistada estabilidad macroeconómica y coadyuvar en los esfuerzos por construir un país más equitativo, justo y próspero.

La segunda mitad del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador estará definida por su capacidad para encauzar el crecimiento y el desarrollo económicos. Tal como sucedió en las recientes elecciones intermedias, en 2024 estará en juego la continuidad de la 4T a nivel federal; esto hace que los recientes movimientos en la SHCP y Banxico sean estratégicos.