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FGR solo ha revelado avances y confirmado acusaciones contra los candidatos de MC y el PRI en Nuevo León; de los otros casos no se han dado detalles oficiales

La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) de la FGR ha iniciado 450 carpetas de investigación en 2021 por presuntos ilícitos relacionados con el actual proceso electoral federal. De todos ellos solo ha revelado avances y confirmado las acusaciones en contra de los candidatos de Movimiento Ciudadano y PRI al gobierno de Nuevo León.

De los otros casos no se han dado detalles oficiales, aunque Animal Político confirmó que ninguno se ha resuelto enviándolo a un juez. Un corte preliminar de los casos abiertos en el primer trimestre del año revelaba que Morena era el partido más denunciado: acumulaba el doble de carpetas en contra respecto a todos los demás partidos.

La información proporcionada por autoridades de la FEDE a este medio arroja que hasta el corte de la semana pasada se habían recibido 600 denuncias a través de las distintas vías habilitadas para ello, a partir de las cuales se han iniciado las 450 carpetas de investigación por presuntos delitos electorales.

La mayor parte de dichos casos se encuentran en integración y ninguno de ellos se ha judicializado, es decir, en ninguno se ha reunido las pruebas suficientes para presentar una acusación ante un juez. Sin dar un número preciso, la Fiscalía indicó que algunos casos se desecharon por no haber indicios suficientes para seguir indagando.

Por tratarse de expedientes de investigación la fiscalía no ha comunicado oficialmente detalles de los casos ni mucho menos adelantado resultados de estos. Sin embargo, el pasado 10 de mayo y de manera inédita, la FEDE hizo una excepción: reveló los nombres de dos de los implicados y hasta adelantó que en uno de ellos ya se han reunido pruebas suficientes para enviarlo ante un juez.

Lo anterior lo hizo a través de un comunicado oficial difundido por la FGR en el que detalló la apertura de dos carpetas de investigación en contra de los candidatos punteros al gobierno de Nuevo León, Samuel García por Movimiento Ciudadano y Adrián de la Garza del PRI.

En el caso específico de De la Garza, al que denominó Adrián “N” en el comunicado, la Fiscalía subrayó los motivos de la indagatoria: la solicitud del voto femenino a cambio de una tarjeta con la que se prometen apoyos económicos en el futuro. No fue todo: la Fiscalía consideró esto una posible “coacción y compra de voto”, y recordó que se trata de un delito que amerita prisión automática.

La FGR fue más allá y adelantó que ya cuenta con la evidencia suficiente para mandar el expediente a un juez: “la carpeta de investigación, junto con todas las pruebas que ya se han recabado, se judicializará en breve, ante la autoridad correspondiente”.

El anuncio oficial de esta indagatoria, que se da tres días después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador denunciara los hechos en su conferencia matutina, es inédita en los más de dos años que lleva la existencia la FEDE. Nunca antes dicha fiscalía, encabezada por Jorge Agustín Ortiz Pinchetti, había emitido un comunicado o un posicionamiento para dar detalles de una carpeta de investigación en curso y menos para adelantar sus resultados.

En la página de la FEDE el último comunicado publicado es de diciembre pasado y está relacionado con la firma de convenios de colaboración. A través de FGR la Fiscalía especializada ha difundido también información sobre el despliegue de operativos o balances generales, pero no para abundar en un caso en particular.

De hecho, cuando se le ha requerido a la FGR a través de solicitudes de transparencia confirmar o difundir algún detalle o resultado de una indagatoria, la dependencia reserva los datos bajo el argumento de que las carpetas de investigación son información reservada según las leyes Federal y General de Transparencia.

Incluso la Fiscalía se ha negado a transparentar detalles de carpetas que entran en las excepciones que contempla la ley como es la del caso Odebrecht.

De confirmarse la judicialización “en breve” adelantada por la Fiscalía en contra de Adrián de la Garza, se trataría del primer caso del actual proceso electoral, o uno de los primeros, en ser resuelto con una acusación ante un juez.

La entrega de tarjetas con promesas de apoyos económicos por las cuales De la Garza sería acusado judicialmente es una presunta irregularidad en la que también han incurrido numerosos candidatos de otros partidos en varios estados, incluyendo a Morena, según recuentos presentados por Animal Político y diversos medios de comunicación. Pero de dichos casos la Fiscalía no ha referido públicamente si existen denuncias o carpetas de investigación en curso.

Morena encabeza denuncias

Los datos que proporcionó la FEDE a este medio sobre las carpetas de investigación en curso no arrojan mayores detalles, sin embargo, un informe preliminar publicado en la página de internet de la institución con corte al primer trimestre del año sí revela datos estadísticos de los denunciados y los denunciantes.

De acuerdo con dicho informe, entre enero y marzo se iniciaron 137 carpetas de investigación de las cuales 38 son en contra de militantes o candidatos de partidos políticos. El resto son casos abiertos contra particulares o servidores públicos.

Entre los casos contra partidos, los militantes y candidatos de Morena son, por mucho, los más denunciados este año; concentran 26 de los 38 casos por los cuales se iniciaron indagatorias, lo que equivale a casi el 70 por ciento de los casos.

En cambio, todos los demás partidos acumulan entre sí 12 carpetas de investigación, menos de la mitad de las de Morena. De estas cuatro corresponden a integrantes del PRI, tres a integrantes del PAN, una a Nueva Alianza, una al Partido del Trabajo, una al Partido Verde y otra más a un candidato independiente.

En cuanto al perfil de los denunciantes que dieron pie a la apertura de carpetas de investigación, los datos muestran que el 46.7 por ciento de las querellas fueron presentadas por particulares, seguidas de las presentadas por servidores públicos con el 17.5 por ciento.

Otro 12.4 por ciento de los casos fueron iniciados a partir de denuncias de funcionares electorales, 5.1 por ciento por quejas de integrantes de partidos. En el resto de los casos no se identifican a los denunciantes.

Los delitos

El informe de la FEDE revela que el ilícito más común denunciado es el de alteraciones al registro federal de electores por parte de funcionarios, con un 32.1 por ciento de los casos. Luego le sigue el de la recolección de credenciales para votar por parte de particulares o integrantes de partidos políticos con un 13.9 por ciento de las carpetas abiertas.

Condicionar el otorgamiento de servicios públicos a cambio de un voto en algún sentido concentra el 12.4 por ciento de las indagatorias en curso; hacer mal uso de material electoral y la proporción de apoyos en horarios laborales por parte de funcionarios concentran el 7.3 por ciento de las denuncias. Después se reportan las carpetas abiertas por la compra de votos con un 5.8 por ciento del total.

Con información de Animal Político