El proceso de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica ha concluido y lo que falta es un asunto de mero trámite: que el Presidente de la República la envíe a publicación para que inicie la vigencia de los textos reformados y sus efectos comiencen a manifestarse.

Pero quizá antes de que podamos medir de forma tangible los efectos que esta reforma provocará en el proceso que implica la producción, distribución y venta de energía eléctrica, comencemos a percibir repercusiones en otros aspectos de la economía. Específicamente en lo que hace a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

Y es que de acuerdo con múltiples voces, lo importante en lo inmediato no es tener evidencia de que se actualice la hipótesis que defiende el presidente López Obrador y sus aliados, en el sentido de que el costo de la energía eléctrica se mantendrá estable; o la de sus contradictores, que advierten de un encarecimiento en el costo de la energía.

De acuerdo con diversos analistas y líderes empresariales, el primer efecto que se percibirá es un golpe sensible a la confianza de los inversionistas en la institucionalidad del País, lo cual implica, en automático, un encarecimiento del costo del dinero para inversiones.

La ecuación es simple: si alguien –mexicano o extranjero– piensa invertir su dinero en un proyecto productivo de gran envergadura lo que requiere es certeza en las reglas que se aplicarán al sector en el cual piensa invertir. En otras palabras, lo que se necesita son garantías de que, una vez realizada la inversión, no se modificarán las reglas esenciales con las cuales se tomó la decisión de hacer el negocio y proyectar su rentabilidad en el tiempo.

Para decirlo con mayor claridad, lo que las inversiones requieren es certeza de que el “contrato se va a cumplir”, es decir, que el Gobierno se abstendrá de modificar unilateral y arbitrariamente las cláusulas que contiene, en este caso, las normas jurídicas que regulan el acuerdo.

El problema es que en los últimos dos años el Gobierno de la República ha dado múltiples muestras de no estar dispuesto a respetar los contratos suscritos en el pasado y sí a cancelarlos de forma caprichosa. Los ejemplos emblemáticos son el aeropuerto de la Ciudad de México, una planta cervecera en Baja California y ahora la industria eléctrica.

Repetir que se trata de “contratos leoninos” o desventajosos para el País, o que se está defendiendo la soberanía nacional, no basta para anular la crítica ni la desconfianza que estas decisiones generan, pues si tal afirmación es cierta debieron iniciarse los procesos legales respectivos para lo cual existen normas, tribunales y mecanismos legales suficientes.

Por ello, lo más preocupante en este momento es que la “victoria” que el Presidente y sus aliados alcanzaron en las últimas horas en el Poder Legislativo sea eclipsada de forma catastrófica por el desplome de la inversión privada, en el momento que ésta más se necesita para garantizar la recuperación económica de México.

En los últimos dos años el Gobierno de la República ha dado múltiples muestras de no estar dispuesto a respetar los contratos suscritos en el pasado y sí a cancelarlos de forma caprichosa