El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste, una y otra vez, en afirmar que la estrategia de su gobierno en contra de la criminalidad es diferente –y mejor, se entiende– a la de sus antecesores porque no está basada en utilizar el fuego para combatir el fuego.

Y al “explicar” lo que esto significa, el mandatario asegura que el uso de la fuerza lo único que logró en el pasado fue convertir al País en un cementerio, algo que su gobierno ha decidido dejar atrás.

Visto desde el punto de vista conceptual la idea parece atractiva y nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en desecharla: puestos a escoger entre una paz lograda a base de sembrar el País de cadáveres y una conquistada a partir de la filosofía de la no violencia, cualquiera escogerá la segunda opción.

El problema es que la idea no avanza más allá de la teoría y en los hechos no está produciendo ningún resultado que sea digno de reconocerse: México está en la ruta de vivir el año más violento de toda su historia, medido a partir del número de seres humanos que han sido asesinados.

Frente a esta realidad, el presidente López Obrador ha dicho que su administración necesita un año más para “transformar por completo” el País y darle la vuelta a las causas profundas de la violencia que, en su opinión, están siendo atendidas por primera ocasión en la historia moderna.

Una vez más, si el asunto se analiza sólo desde la perspectiva conceptual se antoja tomarle la palabra al Presidente y afirmar que vale la pena; que sufriremos, pero al final se verá la luz que no ha terminado de aparecer en la ya muy larga noche de violencia padecida por los mexicanos.

Pero cuando la realidad nos golpea con el asesinato de tres mujeres y media docena de sus hijos, a manos de criminales, para cuya calificación resulta muy difícil encontrar adjetivos, cualquier asomo de paciencia y toda concesión a favor del Gobierno se esfuma.

Imposible conceder a cualquier gobierno –al margen de su identidad ideológica– “el beneficio de la duda” o la extensión de la consabida “luna de miel” durante la cual se asume que una nueva administración está pasando por una indeseable, pero inevitable curva de aprendizaje.

No es posible encontrar un sólo argumento capaz de justificar una masacre como la sufrida por la familia LeBaron en la frontera entre los estados de Sonora y Chihuahua. No es posible encontrar un sólo argumento que disminuya la responsabilidad de un Gobierno que ha fracasado en el cumplimiento de su ofrecimiento de traer de vuelta la paz a México.

Y el juicio respecto de la derrota sufrida por esta administración no tiene que ver con motivaciones o rivalidades políticas, sino que parte de razones objetivas a la vista de todo mundo: México es percibido hoy desde cualquier rincón del planeta como un país donde quienes mandan son los criminales.

Una vez más resulta necesario decir que, para desgracia colectiva, al decretar el fin de la guerra contra el crimen organizado, el presidente López Obrador lo que hizo fue capitular y declarar la derrota del Estado mexicano frente a los delincuentes.