Múltiples análisis han anticipado que el Estado Mexicano se enfrentará a la posibilidad de sufrir derrotas jurídicas con alto costo económico

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión discutirá hoy -y, previsiblemente, aprobará- la iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que, con carácter preferente, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió al Poder Legislativo.

La iniciativa, de acuerdo con los argumentos que han sido expuestos por el Ejecutivo, tiene el propósito de “garantizar la confiabilidad y un sistema tarifario de precios que únicamente serán actualizados en razón de la inflación”, además de obligar a la revisión de los contratos vigentes con productores privados y los permisos de autoabastecimiento otorgados.

Se puede discutir, desde luego, si la propuesta presidencial efectivamente garantizará el logro del primer objetivo referido, e incluso debe decirse al respecto que este es deseable. Pero no hay duda respecto del resultado que arrojará la persecución de los siguientes: el inicio de un proceso de litigios de final incierto en tribunales nacionales y extranjeros.

Con independencia de la prolija exposición que se hace en el dictamen de la Comisión de Energía, que hoy será sometida a discusión, la parte compleja de la iniciativa se encuentra en los artículos cuarto y quinto transitorios del proyecto de decreto.

El cuarto transitorio ordena a la Comisión Reguladora de Energía a revocar los permisos de auto abastecimiento “obtenidos en fraude a la ley” mediante el inicio de un procedimiento administrativo. Claramente la intención política detrás de este artículo es que dichos permisos se revoquen.

El quinto transitorio establece, por su parte, que los contratos suscritos con productores privados “deberán ser revisados a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el Gobierno Federal”. En su caso, dice el decreto, “deberán ser renegociados o terminados de forma anticipada”.

Tanto los permisos de auto abastecimiento como los contratos implicaron, en su momento, la realización de inversiones por parte de empresarios privados que tienen el derecho de acudir a tribunales y echar mano de todos los instrumentos legales a su alcance para defender su postura.

Y no hay duda de que lo harán y los tribunales que revisen los recursos que interpongan estarán obligados a emitir sus fallos utilizando para ello las leyes que se encontraban vigentes en el momento de su firma, sin importar lo que a partir de esta reforma diga la Ley.

Por ello es que múltiples análisis han anticipado que el Estado Mexicano se enfrentará a la posibilidad de sufrir derrotas jurídicas que tendrán un alto costo económico, además de que podrían traducirse en un fuerte desincentivo para la inversión, tanto nacional como extranjera.

Muy probablemente por ello, en su conferencia matutina de ayer, el Presidente decidió acusar a los abogados que asesorarán a las empresas de “traición a la patria”, un señalamiento particularmente grave que carece de sustento.

Nadie puede estar en contra de que México sea un país energéticamente soberano ni, mucho menos, de que el Gobierno de la República busque garantizar un esquema tarifario favorable a los usuarios. El problema es que la escogida para lograrlo no parece adecuada ni sana para el país.