Hoy vence el plazo, es el último día para que PGR acuse a Javier Duarte de lavado y crimen organizado

Este lunes es el último día que tiene la Procuraduría General de la República (PGR) para acusar formalmente al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, de los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. La acusación es vital para que continúe el proceso que promueve desde el año pasado en su contra, y llegar a un eventual juicio.

De acuerdo con fuentes ligadas al proceso, hasta el viernes pasado no había aun notificación formal de que la acusación se hubiera presentado ante el juzgado que lleva el caso.

Esta acusación debe presentarse inicialmente por escrito. Si no se hace dentro del plazo legal correspondiente, el juez del caso tiene la posibilidad de notificar directamente al procurador para saber qué ocurrió, y si transcurren otros quince días sin respuesta, el caso se daría por cerrado en automático.

De acuerdo con el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el escrito de acusación que PGR presente debe incluir 13 elementos distintos, entre ellos la relación “clara, precisa, circunstanciada y específica” de los hechos que atribuye al exgobernador; las modalidades en que se habrían llevado a cabo los delitos que se le imputan; la pena que se solicitará en su contra, así como el monto de la reparación del daño que tendría que cubrir el acusado, entre otros.

Una vez que la Procuraduría cumpla con la presentación de la acusación por escrito, esta debe ser notificada de inmediato tanto a la víctima (que en el caso de Javier Duarte es la Secretaría de Hacienda), así como al acusado a través de sus abogados.

A su vez la defensa tiene la oportunidad de contestar con sus propios elementos la referida acusación. De acuerdo con los abogados, esto se realizará durante la audiencia pública a la que deberá convocar el juez para debatir si la acusación cuenta con las formalidades para ir a un juicio, y si las pruebas son suficientes para ello.

Cabe recordar que Javier Duarte se encuentra preso en el Reclusorio Preventivo Norte desde abril de 2017, tras ser detenido y extraditado por Guatemala. Se trata de una prisión que solo es de carácter preventivo, mientras se determina si la Procuraduría reúne pruebas suficientes para sostener la imputación que hizo en contra del exmandatario.

Esta fase inicial del proceso se ha alargado por más de un año debido a que, primero, la PGR solicitó un periodo de investigación complementaria de 6 meses, argumentando que necesitaba recabar datos bancarios en otros países cuya entrega era tardada, y después, porque fueron los propios abogados defensores quienes pidieron 6 meses extra para recabar elementos a su favor y preparar una defensa adecuada.

La evidencia en duda

Las reglas del sistema penal acusatorio -bajo el cual se sigue el proceso contra Duarte- son claras en señalar que la acusación formal que presente el Ministerio Público debe limitarse a los hechos referidos en la audiencia inicial. Es decir, no se puede presentar una acusación sobre hechos distintos.

Pero actualmente, la legalidad de varias de las pruebas bancarias que la PGR dijo tener en la audiencia inicial para acusar a Duarte se encuentra en duda, pues no se reunieron con los requerimientos que marcan la Constitución ni los criterios de la Corte.

De acuerdo con la investigación inicial de la Procuraduría, Javier Duarte consiguió desviar y lavar el origen de al menos 400 millones de pesos extraídos de las arcas públicas de Veracruz, gracias a una red que incluye múltiples prestanombres y empresas fantasma. El dinero se habría utilizado para gastos personales y en propiedades.

Para documentar lo anterior, los fiscales de la PGR señalaron dos empresas centrales. Una de ellas fue Consorcio Brades propiedad de Moisés Mansur (presunto prestanombres también acusado en este mismo proceso).  Según los datos bancarios presentados en la imputación inicial, dicha compañía recibió y trianguló 223 millones de pesos provenientes de compañías fachada, que habían recibido contratos de las secretarías de Salud y Educación del Estado.

Pero el pasado 31 de enero, ya con la investigación complementaria en marcha, los fiscales de la PGR solicitaron una audiencia al juez para pedirle su “autorización”, con la finalidad de recabar más datos bancarios. No obstante, durante la audiencia, los abogados de Duarte (del despacho Del Toro – Carazo) demostraron que se trataba de los mismos datos presentados en la audiencia inicial para documentar el flujo de dinero a Consorcio Brades, y que los fiscales se precipitaron a extraer sin autorización judicial previa.

En este escenario el juez se negó a dar autorización para recabar datos bancarios que ya se habían sustraído con antelación, y señaló que su posible invalidez será abordada en la audiencia intermedia del caso.

Se trata de una situación idéntica a la que se presentó en el caso de la exlíder sindical Elba Esther Gordillo, a la que la PGR también acusaba de lavado de dinero. Una de las razonas por las cuales un Tribunal federal anuló su proceso  fue porque la Procuraduría recabó datos de sus cuentas bancarias sin aval judicial. Cabe señalar que la defensa de Gordillo fue llevada por el mismo despacho que representaba a Duarte, hasta febrero pasado.

Luego de este revés, el pasado 18 de mayo la PGR solicitó al juez del caso permiso para recabar datos bancarios de otras empresas ligadas con Terra Inmobiliaria, la otra compañía principal involucrada en las presuntas operaciones de lavado. En este caso, y dado que sí se trataban de datos nuevos, el juez autorizó que se reuniera dicha información.

Sumado a lo anterior falta conocer si la Procuraduría logró reunir la información bancaria que había solicitado a varios países en el extranjero, entre ellos España y Suiza, donde supuestamente se abrieron cuentas en las que habría terminado parte del dinero público desviado desde Veracruz.

Es en este contexto en el que los fiscales de la Procuraduría tendrán que construir y presentar su acusación formal, y luego defenderla junto con la validez de las pruebas que presenten en la audiencia intermedia, para que las mismas puedan ser utilizadas en el eventual juicio.

¿Cuándo será la próxima audiencia?

Si no ocurren incidentes o situaciones extraordinarias (como que la PGR por su cuenta se desista del caso) la próxima audiencia pública del caso Javier Duarte se estará presentando entre finales de septiembre y principios de octubre.

De acuerdo con el artículo 341 del Código Nacional de Procedimientos Penales una vez que el juez reciba la acusación escrita del Ministerio Público (lo que en el caso Duarte deberá ocurrir a mas tardar hoy) se deberá programar la audiencia intermedia, la cual no podrá realizarse en un plazo menor a 30 días naturales ni mayor a 40 días naturales.

El mismo artículo señala que el juez podrá – a petición de la defensa – atrasar hasta por diez días la audiencia pero esto solo podrá ocurrir en una ocasión.

¿Qué pasará en la audiencia intermedia?

En ella se presentará verbalmente el contenido de la acusación, y se detallarán las pruebas que el Ministerio Público pretenda llevar a juicio para sostenerla. Los abogados de la defensa podrían, a su vez, contestar a todos estos elementos y presentar su propia evidencia.

La decisión de que pruebas se mantendrán y cuales no las tomará el juez de forma definitiva en esta audiencia. Solo las pruebas que se mantengan son las que se podrán exponer en el juicio que se llevará a cabo después ante un Tribunal de Juicio Oral.

Los otros casos pendientes

Esta acusación por lavado de dinero y delincuencia organizada, que la PGR promovió contra Duarte, es el proceso más avanzado hasta la fecha en contra del exgobernador, pero no es el único.

La Fiscalía de Veracruz consiguió que un juez de la Ciudad de México iniciara dos procesos más en contra de Duarte, por el presunto desvío de recursos hidráulicos en su gestión y el uso ilegal de un helicóptero oficial. Estos casos se encuentran en el periodo de investigación complementaria, el cual vence en noviembre próximo.

Además existen dos órdenes de aprehensión pendientes en contra del exmandatario. Una es por presunta desaparición forzada y otra por delitos electorales. La posibilidad de que ambos casos avancen depende de que Guatemala dé el visto bueno, pues dicho país concedió su extradición solo por los procesos que ya están abiertos. No hay fecha para ello.