Uno de los aspectos del discurso del presidente López Obrador en los cuales tiene razón, es el relativo a las dimensiones del fenómeno de la corrupción y sus efectos negativos en la vida colectiva. Y para ejemplo basta el anuncio realizado ayer por el Gobierno de la República para dar a conocer la existencia de una red de robo de combustibles dentro de Pemex.

De acuerdo con la información revelada por la administración federal, la red detectada dentro de la estructura de la paraestatal sería la responsable del 80 por ciento de todo lo que se le roba a Pemex y que el año pasado habría implicado una pérdida para la empresa de 60 mil millones de pesos.

El Presidente de la República aseguró que la “ordeña” de los ductos de la petrolera implicaría el robo de nueve millones de litros de combustible diariamente, un volumen que requeriría de unas 600 pipas -con capacidad de 15 mil litros cada una- para ser transportados.

Las preguntas que uno debe hacerse frente a estas cifras son bastante sencillas de formular pero sumamente difíciles de responder si no se quiere reconocer que sólo la corrupción sirve como explicación:

¿Cómo es posible realizar un robo de combustible a esta escala sin que las corporaciones policiales detecten a los responsables, o sin que los encargados de la persecución e investigación de los delitos hayan iniciado una montaña de carpetas de investigación que terminen en el escritorio de un juez?

¿Cómo es posible la existencia de un “mercado negro” de combustibles capaz de absorber diariamente tal cantidad de gasolina y diesel robado, sin que las ganancias que produce tal “negocio” llamen la atención de las autoridades hacendarias y/o bancarias?

Porque, al final de cuentas, el combustible que se roba a Pemex no implica ningún beneficio por sí sólo. Para que reporte ganancias a quienes lo roban es necesario venderlo y que, en última instancia, éste vaya a parar al tanque de un vehículo automotor cuyo propietario pague un cierto precio.

Imposible explicar el trasiego de millones de litros de combustible diariamente sin considerar que una parte importante de éste se vende, al final, a través de la red legal de estaciones de servicio cuyos ingresos, al menos en teoría, son monitoreados por las autoridades hacendarias.

No hace falta ser demasiado perspicaz para entender que la única forma de evadir todos los sistemas de alerta que existen para detectar operaciones ilegales de esta magnitud es que personas que trabajan para Pemex y otras dependencias se encuentren involucradas en el “negocio”.

Y si esto es así, entonces claramente lo que había faltado hasta ahora era voluntad de combatir la corrupción y los negocios ilícitos prohijados desde las propias instituciones públicas, tal como lo ha señalado de forma reiterada el Presidente de la República.

Habrá que esperar a conocer mayores avances de las investigaciones, pero sin duda lo que se ha revelado hasta el momento es suficiente para documentar el optimismo respecto de la determinación de la actual administración federal para combatir en serio la corrupción y perseguir a quienes se benefician de ella.