A “nivel de cancha”, en México existen pocas dudas de que uno de los signos del gobierno de Humberto Moreira en Coahuila fue el de la corrupción. La información que se ha revelado a la fecha parece dejar claro que durante su administración fueron desviados cientos -acaso miles- de millones de pesos de las arcas públicas a los bolsillos de particulares.

Dos ejemplos bastarían para acreditar la certeza de tal creencia: los procesos seguidos en Estados Unidos en contra de quien fue su secretario de Finanzas y todo poderoso funcionario, Javier Villarreal, y de quien le sustituyó en el cargo y hoy es considerado prófugo de la justicia estadounidense, Jorge Torres.

Ciertamente, como el ex mandatario alega en cada oportunidad en la cual se le concede el uso de la voz, no existen procesos judiciales en su contra, e incluso algunos documentos oficiales podrían considerarse como evidencia de que ha sido “exonerado” de cualquier conducta ilícita.

Pero para considerar que Humberto Moreira es inocente hace falta creer que los funcionarios de su administración, a quienes se ha señalado de participar en los desvíos multimillonarios de dinero público -Javier Villarreal en primerísimo lugar-, actuaban de forma independiente, por su cuenta, a espaldas de quien ocupaba la titularidad del Ejecutivo.

Y ese es justamente el elemento que hace toda la diferencia en la narrativa que el “affaire Coahuila” ha tenido en México y el extranjero. Porque mientras en Estados Unidos y España se investiga con seriedad el tema y se han abierto procesos penales en contra de ex funcionarios del Estado -y del propio ex Gobernador-, en nuestro país ninguna autoridad parece considerar la posibilidad siquiera de emprender una investigación seria del caso.

En otras palabras, en el extranjero parecieran más interesados en esclarecer la oscura trama que rodeó al gobierno que hoy es reconocido como responsable de la “megadeuda” y por el florecimiento de la delincuencia organizada, que quienes padecimos -y padecemos- en carne propia las consecuencias directas de su conducta.

En este contexto se inscribe la reapertura del proceso que en contra de Humberto Moreira se sigue en España y al que la Fiscalía de la Audiencia Nacional de dicho país ha dado nuevo impulso, a partir de testimonios que han surgido en los procesos penales que se desarrollan en Estados Unidos contra quienes habrían actuado en complicidad con el ex mandatario estatal.

¿Prosperará este nuevo intento por vincular a Humberto Moreira con actos ilegales en Europa? Eso está por verse y habrá que esperar al resultado de las nuevas indagatorias. De lo que no debe quedar duda es que, contrario a lo que ocurre en nuestro país, las autoridades de Estados Unidos y España parecen más interesadas que nosotros mismos en desentrañar la madeja de una historia que nos involucra.

¿Por qué los extranjeros están más empeñados que nosotros mismos en aclarar este episodio de nuestra propia historia reciente? Es una excelente pregunta que todos deberíamos plantearnos y comenzar a considerar la necesidad de responderla de forma convincente.