I. DE MALAS
Donde andan las cosas de mal en peor es en la Fiscalía General, que comanda Gerardo Márquez. Además de que el Semefo está rebasado por la cantidad de cuerpos, personal de Servicios Periciales se queja de las largas jornadas laborales de más de 12 horas, incluyendo sábados y domingos. En especial los prosectores, o sea las personas encargadas de abrir y diseccionar los cadáveres para que luego los médicos realicen las autopsias, se duelen de que no tienen ni tiempo para comer y que en ocasiones ¡lo hacen en un rincón de la misma sala donde abren los cadáveres!
 
II. REGRESO
Tras casi 12 años en el exilio, el exalcalde Óscar Pimentel regresa a Saltillo, ahora como director del Instituto Municipal de Planeación. El ahora exdirector Ariel Domínguez de plano no compaginó ni siquiera con su propia Junta de Gobierno, que ni enterada estaba de las actividades del instituto. Se espera que con la llegada de Pimentel, quien estaba hasta ayer en la banca –se desempeñaba como consultor-, mejore la situación en ese instituto.

III. TARJETA
A la que le sacaron “tarjeta amarilla” fue a la Secretaría de Educación, de Higinio González. Resulta que el Tribunal de Justicia Administrativa que dirige Sandra Rodríguez le ordenó a la dependencia estatal que reinstalara a la directora de una primaria, a la que había suspendido por supuestos manejos irregulares de los dineros del plantel. La cuestión es que el área jurídica de la dependencia estatal se vio bastante novata, pues le estaba reteniendo el sueldo a la docente, lo que a todas luces es ilegal, por lo que a la profesora le resultó fácil tumbarle el teatrito a la Sedu mediante un juicio.

IV. MAGISTRADO
Al final el Senado de la República no se complicó de más para salir del embrollo al que les condujo la disputa por el perfil de quien será el nuevo integrante del Tribunalito y decidió optar por un perfil académico, el de Sergio Díaz. La solución parecía clara desde el principio: entre perfiles vinculados a partidos, lo mejor fue excluirlos a todos y voltear a la academia. Díaz actualmente colabora en la Academia Interamericana de Derechos Humanos que dirige Luis Efrén Ríos.

V. TIEMPO
El hombre que cuida la plata, o séase Armando Plata, le quiere ganar tiempo al tiempo y ya ha entrado en pláticas con el Congreso que pastorea Jaime Bueno para que haya una modificación a la legislación y que a partir del 2019, el Informe de Resultados de las cuentas públicas anuales sea presentados a más tardar el último día de septiembre, pues actualmente la fecha límite es en la primera quincena de diciembre. Si el asunto prospera, la revisión de la cuenta pública de 2018 estaría presentándose casi tres meses antes de lo normal.

VI. EXPERIENCIA
Y vaya que ayer fue día de definiciones. Ayer también Manuel Gil Navarro hizo valer su capacidad técnica, profesional y su formación académica para obtener por unanimidad el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Aunque Gabriela de Valle del Bosque y Xanin García Posada eran excelente perfiles, no reunían la experiencia del exconsejero de ICAI, del IEPC y del Consejo Ciudadano del SEA.

VII. CERCANÍA
El que resultó “familiar” de Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de Gobernación, es José María Fraustro, secretario de Gobierno de Coahuila. El funcionario estatal presumió ayer su cercanía con la ex ministra, al señalar que no sólo lleva una buena amistad con ella, sino que su esposa Beatriz Dávila es nada menos y nada más que prima de la exministra de la Suprema Corte. A ver si aprovecha esa cercanía para traer cosas buenas para Coahuila, lo que seguramente así será.

VIII. CONVOCATORIA
Que en el ICAI las cosas están que arden y no se ponen de acuerdo para lanzar la convocatoria para la elección de un nuevo comisionado, que vendrá a ocupar la silla que dejará vacante Alfonso Villarreal, quien como ya hemos comentado tiene 14 años en el puesto, en el que incluso ya presidió el organismo. El estira y afloja en el órgano garante de la transparencia tiene que ver con los tiempos y algunos requisitos que deberán cubrir los candidatos.

IX. PROPUESTA
El exgobernador Rubén Moreira se volvió a subir a la palestra y ayer propuso castigar hasta con ocho años de cárcel a funcionarios que se abstengan dar de baja a malos policías. El inquilino de San Lázaro propuso reformar el artículo 74 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y agregar una fracción al 139 de dicho ordenamiento El objetivo, según dijo Moreira, es recobrar la confianza de la ciudadanía y garantizar que los cuerpos policiacos no se coludan con la delincuencia al no emplear ya a quienes no acrediten el control de confianza.

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