El Consejo General del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información (ICAI) decidió “amonestar públicamente” a 64 instituciones públicas estatales por haber incumplido las obligaciones mínimas de divulgación de información que les impone la Ley General de Acceso a la Información.

Es preciso resaltar el término “información mínima”, porque la decisión adoptada por el ICAI lo que nos dice es que el 40 por ciento de los sujetos obligados de Coahuila no están haciendo lo mínimo que la Ley les ordena, lo cual es grave.

Porque si las autoridades no muestran atingencia para hacer “lo mínimo”, menos aún puede esperarse que asuman una posición proactiva que haga avanzar el proceso de consolidación de la transparencia como una herramienta de control social.

¿Y qué es “lo mínimo” que cuatro de cada diez instituciones públicas de Coahuila no han puesto a disposición del público? De acuerdo con lo informado por el ICAI, se trata de información detallada de ejercicios fiscales, organigramas, viáticos y salarios de funcionarios públicos.

Cualquiera habría apostado que, luego de tres lustros de “práctica” ya nadie tendría dudas respecto de aquello que debe estar a disposición de los ciudadanos, sin que nadie lo pida. Pero está claro que no es así y tal circunstancia obliga, sobre todo, a cuestionar la actuación del propio ICAI.

¿Por qué? Porque dicho Instituto es el órgano creado para garantizar que las reglas se cumplan, es decir, para que los ciudadanos podamos ejercer a plenitud nuestro derecho a conocer la información pública en manos del Gobierno.

¿Cómo es posible que después de tantos años el ICAI no haya sido capaz siquiera de institucionalizar mecanismos que garanticen la publicación de la información mínima obligatoria?

¿Cómo es posible que, luego de haber detectado una falla de tal magnitud, quienes integran el órgano de gobierno del Instituto consideren que basta con una “amonestación pública” para que las autoridades señaladas rectifiquen en su actitud contumaz?

La forma en la cual el ICAI ha “resuelto” el asunto constituye una burla para los ciudadanos, pues no estamos hablando de un asunto trivial, ni de un hecho anecdótico: estamos hablando de la incapacidad de todo un aparato burocrático para garantizar “lo mínimo”.

Se antoja aquí recuperar –porque aplica perfectamente al caso– la frase con la cual el empresario Alejandro Martí encaró hace algunos años a las autoridades responsables de la seguridad pública en todos los órdenes de gobierno: “Señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada también es corrupción”.

Pareciera bastante claro que quienes encabezan el ICAI no pueden con “el paquete”. Debería pensar seriamente en aceptar la recomendación de señor Martí, aunque no fue dirigida a ellos.

¿Cómo es posible que después de tantos años el ICAI no haya sido capaz de institucionalizar mecanismos que garanticen la publicación de la información mínima obligatoria?