Acuerdo. Distintas instancias de Gobierno firmaron la Declaración por la alianza estratégica para la prevención de la tortura y el maltrato. Foto: ARchivo
Ni el Fiscal General ni la titular del Poder Judicial saben cuántos casos han sido judicializados

Desconociendo las cifras en específico sobre la situación de la práctica de tortura en Coahuila, autoridades del Estado y la Comisión Nacional de Derechos Humanos firmaron una declaración para formar alianzas que erradiquen el tema de forma institucional.

El acuerdo fue firmado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General del Estado, el PJECZ, el Congreso estatal y el Gobierno del Estado, para la conformación de la “alianza estratégica para la prevención de la tortura y el maltrato en Coahuila”, cuyo objetivo es brindar capacitaciones a servidores públicos que observen lo establecido en la Ley General para Erradicar y Prevenir la Tortura y Malos Tratos.

Al respecto, la presidenta magistrada del Poder Judicial del Estado de Coahuila, Miriam Cárdenas, se abstuvo de mencionar cuántos casos han sido judicializados respecto de funcionarios públicos acusados de haber implementado actos de tortura contra ciudadanos coahuilenses, con los diversos fines para los que se ha empleado de manera sistemática dicha práctica de violencia.

En ese sentido, dijo que para no errar la información, no tenía conocimiento sobre el tema.

Por su parte, Ninfa Delia Dominguez, directora del Mecanismo Nacional para Prevenir la Tortura, a su vez dijo desconocer cuántos casos han sido presentados ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila por asuntos de tortura, pues apenas se está preparando un informe respectivo del tema con información de 2018.

Además, el Fiscal General del Estado, mencionó que no tiene las cifras concretas; sin embargo, existe “un número importante” de este tipo de casos acumulados desde 2012, y aseguró que ya se han empezado acciones para erradicar esta práctica, donde se someterá a policías investigadores, quienes son los más señalados de utilizar estas prácticas contra personas detenidas.

Aunque reconoció que “muchos de los casos han derivado en la privación de la vida” en la entidad, y asimismo, señaló que esta práctica también ha sido empleada por propios detenidos para su defensa.

Compromiso

El convenio fue firmado por:

La Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Fiscalía General del Estado.

Poder Judicial del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Congreso del Estado.