¿Estamos ante una muestra de incapacidad de las autoridades? o ¿estamos ante el encubrimiento de un episodio oscuro de la historia de Coahuila?

El episodio de la megadeuda es el caso más escandaloso en la entidad en los últimos años, pues ha despertado en los ciudadanos muchas dudas sobre el destino que tuvo su dinero.

En esta larga historia, un nuevo episodio que deja más dudas en torno a la búsqueda de la justicia fue revelado ayer por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Desde que en 2011 se conoció que Coahuila había disparado la adquisición de deuda, incluso utilizando documentos apócrifos, distintos actores de la sociedad coahuilense han interpuesto hasta ahora nueve denuncias.

Dos de ellas realizadas por el Partido Acción Nacional, seis por la Auditoría Superior del Estado y una más por el propio Gobierno del Estado, en tiempos de Jorge Torres López.

En estos ocho años, sólo dos denuncias han concluido.

Éstas fueron agrupadas en la causa penal 76/2011, en donde se señalaba que al menos mil millones de pesos de deuda habían sido contratados con documentos falsos, por lo que eran investigados Enrique Ledezma Sánchez y Juan Manuel Delgado, dos funcionarios del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Coahuila, que era dirigido por Javier Villarreal.

En la conclusión de esta causa, tras ser revisada por cinco magistrados, la Sala Penal del Tribunal Superior del Estado señaló que al menos en este proceso “hubo impunidad y falta de efectividad”.

“A través del análisis de la sentencia se encontró que tanto el juez Adrián González Hernández como la Fiscalía encabezada por Jesús Torres Charles cometieron omisiones durante el proceso”, señaló en su reportaje MCCI.

Una circunstancia que, por decir lo menos, levanta sospechas sobre si las autoridades encargadas de investigar y procesar esta causa buscaban hacer verdaderamente justicia o fueron un vehículo para encubrir a quienes participaron en este atraco.

Porque en esta historia los propios magistrados enlistan acciones inverosímiles en el actuar del juzgador y el Ministerio Público. Por ejemplo, el ministerio público integró el caso denunciando la simulación de un acto jurídico, pero ni siquiera se anexó al expediente… ¡el decreto que fue falsificado!

“Consideramos que en atención a los principios éticos que rigen el actuar de todo juzgador, debieron incorporarse al fallo determinados aspectos que resultan ser esenciales para el total esclarecimiento de los hechos denunciados y que por circunstancias incomprensibles no se incluyeron en la acusación del Ministerio Público y consecuentemente quedaron impunes”, concluyeron los magistrados que integran el Pleno de la Sala Penal del TSJE.

Ante esta contundente definición, los representantes judiciales y ministeriales debieran responder: ¿por qué se actuó de esta manera?, ¿estamos ante una muestra de incapacidad de las autoridades? o ¿estamos ante el encubrimiento de un episodio oscuro de la historia de Coahuila?

Respuestas que se requieren ante estos serios señalamientos en uno de los procesos más emblemáticos y seguidos de la historia de Coahuila.