Foto: Tomada de Internet
Una anciana de 90 años y su hija luchan en un pueblo de La Montaña de Guerrero en contra de la comunidad y de la “Junta Católica”

Una comunidad, la “Junta Católica” y una familia se disputan la propiedad de un cerro utilizado como santuario de oración para los feligreses desde hace años en un pueblo de La Montaña de Guerrero.

Angelina Gómez Román, sobrina de las dueñas del terreno, dos mujeres indígenas, una de 90 años y una joven, que no hablan español, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por el intento de despojo de Adela Gabino Gómez que culminó en la destrucción de una capilla de oración construida en la punta del Cerro del Maíz en el municipio de Xalpatláhuac, Guerrero.

“Dentro de las culturas indígenas los cerros siempre significan templos de oración para los dioses. Desde el siglo pasado la gente ya subía a la punta del cerro. La familia de mi tío [el dueño inicial del terreno que ya murió] buscó una lona y empezó a construir una capillita en la punta del cerro, donde la gente subía a dejar flores y rascar en la tierra para buscar semillitas que tienen un significado místico, y auguraba buenas cosechas”, dijo Gómez Román, licenciada en Historia por la Universidad Autónoma de Guerrero y sobrina de la afectada a SinEmbargo.

Gómez Román explicó que “La Junta Católica” presentó un documento que data de 1939 y que indica que el terreno fue donado a la comunidad; con ese argumento pidieron a los propietarios que habían escriturado sus tierras entregarlos a la Iglesia.

“Donaron cuatro escrituras, cuatro propietarios, pero dos de ellos se agandallaron el terreno de mi tío que falleció hace 10 años con el argumento de que mi tía es solamente una ‘mujercita’ que ya no tiene derecho sobre la propiedad y que ni siquiera estuvo casada con mi tío”, explicó.

Angelina reconoció que los cuñados de su tía de 90 años recibieron dinero del pueblo por el terreno, sin ser los dueños legítimos, lo que desencadenó un problema mayor en la comunidad que derivó en la detención de la anciana y su prima por varias horas.

La Síndica Municipal, aseguró Gómez Román, amenazó a sus parientes con dejarlas encerradas hasta que firmaran la entrega del terreno a la “Junta Católica” –un grupo de 15 personas electas por el pueblo que administra los bienes de la Iglesia en la comunidad– pero fueron liberadas por la presión de la única de las tres que habla español: la historiadora.

“Ellos dicen que ese espacio tiene que pasar a la Iglesia [católica]. El año pasado se interpuso la denuncia por intento de despojo [de la que SinEmbargo tiene copia]. El caso lo llevaron a la Asamblea del pueblo y nos aventaron a la comunidad, destruyeron la casita que se había construido hace más de 50 años para hacer oración”, explicó.

El conflicto por la propiedad ha provocado también amenazas para Angelina por parte de personas de la comunidad.

“Me dicen que entregue el terreno, porque si no me van a meter a la cárcel o que me pueden hacer daño. Nos aventaron encima a la comunidad”, dijo.

Angelina Gómez envió una carta al Obispo de Tlapa de Comonfort y buscó ayuda del párroco de Tlapa, el padre Mario Campos Hernández.

“Pero él [el padre Mario] me dijo que no podría intervenir. No es mi intención que intervenga legalmente, sino que les haga entender qué es lo que están haciendo, yo llevaba un escrito y me dijo: ‘no te lo voy a firmar’. Pero nadie se ha puesto a revisar los documentos, alguien que pueda entenderlos. La encargada del juzgado dijo que el problema puede dar fin si hubiera voluntad de ambos lados”, explicó.

ASUNTO DE USOS Y COSTUMBRES: PÁRROCO

SinEmbargo contactó al párroco Mario Campos, quien reconoció que se negó a firmar la carta de Angelina, debido a que el problema es un tema de usos y costumbres en la comunidad.

El sacerdote explicó que la Iglesia no tiene autoridad sobre la “Junta Católica”, pues es electa por los pobladores y no por los jerarcas.

“Es un terreno que ha estado así con una situación de conflicto, pero a partir de que es un lugar del pueblo. Antes era de una familia, el difunto lo donó para la Junta Católica cuando hicieron el templo, el señor donó ese terreno. Entonces así quedó, pero después murió el señor y empezaron los demás a reclamar, los hermanos del difunto. Pasó el tiempo y la Junta decidió que el pueblo reclamara ese terreno como suyo, les dieron un recurso. Para el pueblo ese terreno ya lo pagaron, pero la viuda del difunto no recibió nada”, argumentó.

Campos Hernández precisó que se trata “de un asunto del pueblo”, en donde él no se puede meter, ni tomar partido.

“Yo así se lo dije a la muchacha cuando vino. Ella quería que yo le firmara, yo no puedo intervenir, hay instancias; luego dirán que el padre se está cargando a una parte, a los de la Junta tampoco les he firmado. En ese caso en la región, los asuntos del pueblo son complicados. Si tienen documentos que vean ellos ante las instancias, entre ellos, porque la comunidad se rige por usos y costumbres, y el señor donó ese terreno y después le pagaron a los hermanos del difunto”, dijo.

UN PROBLEMA ECONÓMICO: TLACHINOLLAN

Angelina Gómez afirmó que ha tocado varios puertas en busca de ayuda para resolver el problema de su tía y su prima.

Una de esas puertas fue la del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, en donde le recomendaron llegar a un acuerdo con la comunidad.

Gómez Román no estuvo de acuerdo, pues buscaba abogados que la pudieran ayudar y asesorar para defender la propiedad.

Abel Barrera Hernández, director de Tlachinollan, dijo este medio que el centro que dirige no se hizo cargo del caso de manera particular, porque se trata de un asunto comunitario, en donde hay dinero de por medio.

“Estamos hablando de un problema comunitario, de un lugar que de algún modo es como un espacio sagrado. Estamos hablando del Cerro del Maíz. En ese cerro la tradición del pueblo es que la gente va al santuario a ver al Santo del Entierro, el santo de la comunidad el tercer viernes de cada año. Van a verlo a entregar su promesa, como la mayoría es población es campesina, la costumbre es después dejar una ofrenda. Suben, dicen ellos, a ver su suerte, porque rascan en la tierra y sacan algunas prendas: algunos campesinos encuentran granos de maíz, frijol, y quiere decir que habrá buena cosecha. Otros encuentran pelos de chivos; quiere decir que tendrán buenos animales”, explicó.

En el lugar, añadió Barrera Hernández, hay rezanderos que reciben una limosna por rezar.

“El pleito está en que la familia de estas personas que están moviendo el caso, es un caso que tiene como cinco años, hubo años que así como estaban estas personas rezando, también ellos pusieron otras personas rezando para cumplir con la costumbre a título particular, no del pueblo. Esto ha generado un conflicto en la comunidad por el argumento que es un pedazo de tierra de ellos, dicen que los han despojado y que se han quedado sin la protección de la comunidad, sin el reconocimiento de su tierra”, dijo.


La capilla que derribaron los pobladores, explicó Abel Barrera, era la que había construido la familia para rezar y cobrar las limosnas.

“Quitaron la capilla, porque los ingresos que entran ahí son de la familia. Hay un problema económico, porque saben que sube mucha gente y la gente da su limosna”, detalló.

El director del Centro de Derechos Humanos añadió que una solución para el conflicto sería un mecanismo de conciliación a través de una contraprestación económica. Un acuerdo comunitario con una contraprestación por parte del pueblo.

Por su parte Angelina Gómez reconoció que su tía sí recibía dinero de las limosnas, pero no con el afán de lucrar.

“¿Cuántos años han subido los creyentes y cuánto que mi tía luce joyas, se viste o come lujosamente? No lo ha hecho. Por lo que quiero que quede muy claro que allá no entran los costales de dinero que tanto dicen los de la comunidad”, dijo.

De acuerdo con Angelina el dinero de las limosnas se destinaba en parte para organizar misas y mantener en buen estado el camino, que durante la temporada de lluvias queda casi deshecho.