Industrias evitan pagar 1500 mdp. Desde 2012 solo se han cobrado el 11% de las sanciones por contaminación; las empresas se amparan para no pagar sus multas
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El SAT y la Auditoría Superior solicitan a Profepa que analice las causas por las que no ha recaudado las sanciones
CDMX.- De los mil 740 millones de pesos con los que la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) ha sancionado a casi 5 mil empresas desde 2012 hasta agosto de 2019, sólo se han cobrado 193. Un ínfimo 11 por ciento.
En el análisis de los datos de un enorme listado de multas y sanciones facilitado vía transparencia por la dependencia federal, se observa que la institución encargada de que se cumplan las leyes ambientales en México impuso 16 mil 923 multas a diversas industrias por todo el país. De éstas, sólo se pagaron 3 mil 728. Representantes de la procuraduría aseguran que se debe a que las empresas recurren a estrategias legales para retrasar al máximo el pago de las mismas.
Un problema sobre el que advirtió hace ya más de dos años la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que solicitó a la Profepa que evaluara y diera solución a “las causas por las que no fueron recaudados” esos cientos y cientos de millones de pesos.
Expertos en derecho ambiental consultados opinan que las multas en México, además de no pagarse, son muy bajas y esto causa que la misión principal de una sanción, que es servir de advertencia y ejemplo de las consecuencias a otros posibles empresarios e infractores que se estén saltando las leyes, se anule completamente.
“Digamos que pongo una sanción a una empresa automotriz, que tiene que obtener los certificados para sus automóviles estén conforme a la norma, pero no me acredita que los tenga”, ejemplifica Silvia Rodríguez Rosas, subprocuradora jurídica de la Profepa: “Entonces le impongo una multa por cada unidad, con base a diferentes parámetros: la gravedad de la infracción, el beneficio obtenido, las condiciones económicas de la empresa y las condiciones sociales y culturales”.
ESTÁN EN LA MIRA
Las industrias que vigilan son las minas, las que manejan recursos peligrosos, las que hacen descargas industriales en cuerpos de agua, para decidir a cuáles van a investigar cada año, con los cerca de 700 inspectores que, asegura, hay por todo México, para lo que realizan una planeación anual, además de seguir recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y acudir ante las empresas denunciadas por ciudadanos.
“Luego, la empresa puede impugnar por varios medios, ya sea por medio administrativo o judicial. También pueden hacer uso de otros medios, como es la conmutación, que es aceptar que ha infringido la ley y hacer acciones en pro del medio ambiente, o la remedación, que es corregir las irregularidades”, continúa. En estos casos, precisa, las multas se pueden reducir, pero no llegan a eliminarse.
La mayor cantidad de multas, alrededor de 10 mil, son por malos manejos en los residuos peligrosos; seguidas por las 2 mil 408 relativas a contaminación ambiental; 751 por fallos en los documentos de impacto ambiental, y 330 debidas a derrames de esos residuos peligrosos.
En casi 3 mil no hay registro de las causas de la sanción.
El 95% de las 16 mil 923 multas impuestas fueron menores de 250 mil pesos, de las que se pagaron 3 mil 600. Cuanto más sube el monto, menor es el pago. De las 144 que van de un millón de pesos en adelante, sólo se han pagado 12. Nueve de ellas por empresas de Grupo México, abonadas después del desastre ambiental del derrame de 40 millones de litros de sulfato de cobre en los ríos Sonora y Bacanuchi en agosto de 2014.
UN CASO
En febrero de 2016, pocos meses después de que la empresa alemana Volkswagen enfrentara el descrédito internacional por haber alterado las mediciones de contaminantes en sus carros diesel, otro golpe llegaba a la automovilística.
La Profepa anunciaba, orgullosa, que había impuesto una de las mayores multas de su historia: 168 millones de pesos por haber comercializado 45 mil Audis, Bentleys, Porsches, Seats y Volkswagens sin certificado ambiental.
Pero casi cuatro años después, el gobierno no ha visto un peso de semejante monto.
La multinacional alemana presentó un recurso en el que aseguraba que todo se debió a un error administrativo interno y, hasta que concluya el litigio, no podrá cobrarse la multa.
Esta historia es el esquema básico que utiliza la gran mayoría de las empresas contaminantes para evadir pagar las multas impuestas por parte de la Profepa.
