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El proyecto avalado esta noche y que será votado mañana en el Consejo General pretende impedir que los partidos por sí solos o en coalición se sobrerrepresenten en San Lázaro

CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un proyecto de nuevos criterios con los que distribuirá las diputaciones plurinominales, para evitar que partidos y coaliciones vuelvan a construir una mayoría artificial en la Cámara de Diputados.

El planteamiento busca prevenir que se asignen curules a un partido con candidatos que ganaron la elección disfrazados como abanderados de otro instituto político.

Además, se establece que el INE asignará curules de representación proporcional (o plurinominales) verificando que no se rebase el 8% de sobrerrepresentación no sólo por partido, sino también por coalición.  

Así, se propone regular el término “afiliación efectiva”, que consiste en la asignación partidista que le será reconocida a un candidato, según el Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados de los Partidos Políticos al corte del próximo domingo 21 a las 20 horas.

En agosto, el INE deberá asignar las 200 curules de representación proporcional según la votación alcanzada por cada partido, decisión que ha sido polémica, pues en 2015 y en 2018 el organismo asignó curules y verificó que no se sobrerrepresentaran los partidos en lo individual, pero permitió que las coaliciones sí excedieran el límite constitucional.

Por eso, el proyecto avalado esta noche y que será votado mañana en el Consejo General pretende impedir que los partidos por sí solos o en coalición se sobrerrepresenten, pues el artículo 54 de la Constitución indica: “en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios (de mayoría y de representación proporcional) que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida”.

Esa mayoría artificial sí se dio en 2015 con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y su aliado de entonces, el Verde Ecologista de México (PVEM), gracias a diputados “sandía”, verdes por fuera y rojos por dentro, es decir, fueron postulados por el Verde, pero eran priistas, y al asumir el cargo saltaron de su curul y engrosaron la bancada tricolor.

También ocurrió en 2018 con Morena y sus aliados de los partidos del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), que también gozaron de una sobrerrepresentación, gracias a candidatos que contendieron registrados como petistas o del PES, pero que eran morenistas, por lo que al arranque de la Legislatura saltaron a la bancada guinda.

Eso hizo posible que con 37.25% de los votos legislativos obtenidos por Morena en esa elección, al inicio de la 64 Legislatura alcanzara 49.4% de la Cámara con 247 legisladores, una parte de los cuales llegaron encubiertos por las siglas de los partidos aliados. Hoy son 257 diputados guindas, o sea 51.4% de la Cámara.

El proyecto fue votado por mayoría de los consejeros, con el voto en contra de la consejera Adriana Favela, quien expuso: “Hubiera sido útil antes de que se registraran las coaliciones para que los partidos supieran las consecuencias de coaligarse y si les convenía o no”.

El consejero Martín Faz recordó que regular este tema recoge una demanda de todos los partidos, que en 2015 y en 2018 colocaron en la mesa esta problemática de que se postularan candidatos que son de otros partidos y eso trastocara el sistema.

Expuso que en 2015 el Partido de la Revolución Democrática (PRD), acompañado por Morena, rechazó las mayorías artificiales, y en 2018 el resto de los partidos, Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), PRI, PT y PVEM, señalaron esta problemática en contra de la sobrerrepresentación de Morena.

Faz Mora aseguró que se respeta el marco jurídico de las coaliciones, en tanto que la consejera Dania Ravel Cuevas recordó que con la “afiliación efectiva” habrá una interpretación novedosa que no va en contra de los criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que permitirá analizar desde una nueva óptica el tema.

“No está previsto este procedimiento en la legislación, pero la aplicación de la fórmula se aplicará como lo marca la Constitución y la Ley electoral; nos apegamos a la norma y el TEPJF permite que emitamos normas generales para cumplir con nuestra función”, por lo que es válida, finalizó.