Ineficiencia administrativa: un añejo vicio gubernamental

La primera lección que aprende cualquier persona que se asome al estudio de la economía es que tal disciplina trata de la administración de la escasez. Esto es así porque los recursos necesarios para satisfacer las necesidades humanas son escasos por definición y lo que la economía enseña es la forma de maximizar su aprovechamiento.

En otras palabras, el arte de administrar recursos, sobre todo si hablamos de los recursos financieros, es el arte de diseñar e implementar estrategias que disminuyan al máximo –idealmente que eliminen– cualquier desperdicio.

Esta idea, que en el sector privado constituye un propósito constante, se encuentra por completo abandonada en el sector gubernamental donde todo mundo parece creer que los recursos financieros son infinitos y, por tanto, importa poco la forma en la cual se gasten.

Así pues, de espaldas a las reglas que plantean la ciencia económica, lo que caracteriza al sector público en México es justamente el desperdicio de los recursos o, si se prefiere exponerlo en términos amables, el uso poco eficiente de estos.

No estamos hablando aquí, vale la pena precisarlo, de los recursos que se pierden por efecto de la corrupción, sino de cómo la ineficiencia gubernamental hace que se gaste más de lo necesario –o de lo deseable– en rubros no prioritarios o de plano superfluos.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al análisis que sobre eficiencia administrativa de los municipios elaboró la Auditoría Superior del Estado y que arroja, en la mayoría de los casos, un resultado preocupante.

¿Por qué preocupante? Básicamente porque 21 de los 38 ayuntamientos de Coahuila muestran un presupuesto deficitario, es decir, que gastan más de lo que recaudan, una situación que no requiere de mayores explicaciones para demostrar la inexistencia de controles administrativos adecuados.

Por otro lado, con excepción del municipio de Arteaga, la totalidad de los municipios muestran niveles de autonomía financiera inferiores al 50 por ciento, lo cual quiere decir que más de la mitad de todos sus ingresos provienen de transferencias que les realizan la Federación y el Estado.

Por otro lado, ni uno sólo de los municipios cuenta con el 100 por ciento de capacidad financiera, es decir, que los ingresos obtenidos mediante esfuerzos propios de recaudación no son suficientes para cubrir sus gastos de operación.

Es posible alegar, desde luego, que los municipios no cuentan con capacidad de recaudación tan amplia como los gobiernos estatales y el federal, pero los indicadores desarrollados por la ASE lo que reflejan es un muy pobre trabajo en materia de eficiencia administrativa.

Por ello resulta deseable que esta batería de indicadores, que “reprueban” a las administraciones municipales de Coahuila, sirva de base para el diseño e implementación de políticas orientadas a mejorar drásticamente las capacidades administrativas a nivel municipal, así como a castigar las ineficiencias y, sobre todo, la incapacidad técnica de quienes tienen la responsabilidad de administrar la escasez.

De acuerdo a la Auditoría Superior del Estado, 21 de los 38 ayuntamientos de Coahuila muestran un presupuesto deficitario, es decir, que gastan más de lo que recaudan