Inhabilitan a ex edil de Puebla por 12 años
COMPARTIR
TEMAS
Con 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones se aprobó el dictamen de la Comisión Inspectora contra el panista
El pleno del Congreso del Estado, aprobó inhabilitar por un periodo de 12 años y una multa de 25 millones de pesos al ex alcalde de Puebla, el panista Eduardo Rivera Pérez, quien denunció que se trata de una persecución del ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Con 33 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones se aprobó el dictamen de la Comisión Inspectora contra el panista, a quién se señala de presuntas irregularidades en la Cuenta Pública del 2013.
Desde que se inició el proceso en su contra, el ex alcalde y aspirante a la gubernatura para el 2018, ha recibido muestras de apoyo de diversos sectores, entre ellos rectores de las universidades privadas más prestigiosas del estado, el ex presidente Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala.
Al conocer la votación, Rivera Pérez, quién es delegado del CEN del PAN en el Estado de México, aseguró que la inhabilitación no lo dejara fuera de la contienda por la gubernatura, pues recurrirá a la justicia federal.
Consideró que el proceso administrativo en su contra se debe al "miedo" que tiene la corriente morenovallista, al interior del PAN, por las preferencias electorales a sus favor de cara a la elección del año entrante.
"Ya amplié el amparo y ya se turnó al Juez de Distrito y estaremos viéndonos en la Audiencia Constitucional, en donde el Congreso del Estado tendrá que argumentar su dicho y yo, por supuesto, estaré sustentando las violaciones que se han realizado en contra de mi persona y derechos humanos y políticos.
La votación
Los legisladores que votaron a favor de la sanción fueron del PAN, PRI, PRD (3 diputados), PT, Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Movimiento Ciudadano, decidieron avalar la sanción
Los votos en contra provinieron de la diputada y dirigente estatal del PRD, Socorro Quezada Tiempo; del diputado Pablo Montiel Solana del PAN, cercano del ex munícipe y del diputado independiente, Julián Peña Hidalgo.
Además se dieron las abstenciones de las diputadas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Geraldine González y Lizeth Sánchez del PT.
El dirigente estatal del PRI, Jorge Estefan Chidiac, reconoció que la sanción en contra del panista es una persecución política, pero justificó que sus diputados hayan votado a favor para no entorpecer la campaña de su candidato en el Estado de México.
"Los diputados mexiquenses en la sesión de la Cámara de Diputados, me señalaron y me criticaron, me llamaron a una reunión y me dijeron que por qué estaba defendiendo a un panista", dijo en entrevista con medios locales.
Y es que previó a la votación, el líder priísta había salido en defensa del ex alcalde de Puebla, pues consideró que era un perseguido.
"Me pedían que reflexionaran los priístas del estado de Puebla si iban a colaborar en una señal que podría ser utilizada para, moralmente, exonerar a Eduardo Rivera, porque la votación la va a ganar el PAN. Me decían que el voto del PRI va a legitimarlo. Nos ponen en una encrucijada”, dijo.
Durante la sesión, el diputado panista y ex funcionario de la administración de Rivera Pérez, Pablo Montiel Solana, condenó que la revisión a la cuenta pública se realizará fuera de las facultades de la Auditoría Superior del Estado y del Congreso local, pues se trata de recursos federales.
La diputada perredista, Socorro Quezada, lamentó que el Legislativo poblano actúe por consigna y celeridad para allanar el camino a un proyecto político para 2018, en referencia al obstáculo que representa Eduardo Rivera para el morenovallismo.
Además manifestó extrañeza por parte de la auditoría, al señalar que ésta dictaminó a favor la cuenta pública de Eduardo Rivera de 2014, en tanto que se mantuvo en la congeladora por más de 4 años la revisión de 2013.
En contra parte, el diputado del PAN, allegado al grupo del ex gobernador, Pablo Rodríguez Regordosa, descartó tintes político electorales en la revisión al recordar que la semana pasada, Rivera Pérez fue convocado a una segunda audiencia en la Auditoría Superior del Estado para solventar las observaciones.
