Foto: Cuartoscuro
La CNDH ha investigado 15 casos y encontró que 22 agentes de inmigración violaron varios derechos.

Ciudad de México.- Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) están involucrados en la detención de mexicanos, a quienes, por provenir de comunidades indígenas, intentan deportar a Centroamérica mediante amenazas y malos tratos, revela un reportaje publicado este día por The Guardian.

El diario británico menciona que esta ofensiva ocurre en medio del Plan Frontera Sur y de la estrategia impulsada desde el Gobierno de Estados Unidos para frenar el flujo de migrantes que atraviesan México para cruzar su frontera norte.

Los datos refieren que agentes migratorios han recurrido a amenazas, malos tratos e incluso tortura, contra mexicanos indígenas para obligarlos a decir que provienen de otros países de Centroamérica. Organizaciones sociales consultadas por el medio dijeron que lo anterior es para cubrir “cuotas”.

The Guardian cuenta la historia de los hermanos Juárez: Amy, Esther y Alberto provenientes de Ocosingo, Chiapas, quienes en septiembre pasado abordaron un autobús privado, acompañados por Fernando, novio de Esther, para ir a trabajar al norte del país.

A la mitad de su recorrido, en Querétaro, agentes del INM detuvieron el camión para hacer una revisión y ordenaron a los hermanos Juárez y a Fernando a descender del camión.

Las autoridades dijeron que los integrantes de la familia Juárez eran migrantes provenientes de Guatemala, pese a que ellos presentaron documentos que los acreditaban como mexicanos. Mientras, a Fernando lo dejaron en libertad a pesar de identificarlo como traficante de personas.

Los tres hermanos Juárez, que hablan con dificultades el español, fueron llevados a un centro de detención migratorio. Ahí, Alberto fue metido a un cuarto donde cuatro agentes le dijeron que si no firmaba unos documentos en los admitía ser de Guatemala, moriría.

“Uno de ellos me empujó, otro me pateó la pierna, y un tercero, que era muy gordo, me dio una descarga eléctrica aquí, en la parte posterior de mi mano derecha”, dijo Alberto a The Guardian a través de un traductor.

“Realmente pensé que iba a morir, así que firmé un montón de hojas de papel, pero no puedo leer ni escribir, así que no sabía lo que estaba firmando”, agregó Alberto, quien tiene 18 años.

Junto a él, sus hermanas Amy y Esther permanecieron retenidas durante ocho días antes de que un abogado de un grupo de activistas presentara una demanda legal para finalmente asegurar su liberación.

“Siguieron diciendo que éramos de Guatemala, y les decía que no, somos de Chiapas, pero no nos creían y se ponían más y más furiosos. Alberto no podía dejar de temblar, estábamos todos llorando. ¿Cómo podíamos volver a nuestra casa en Chiapas cuando ni siquiera sabíamos dónde está Guatemala? “, contó Esther, de 15 años.

Sus documentos de identidad no fueron devueltos porque no pudieron pagar los 200 pesos que exigían las autoridades.

Su caso, de acuerdo con The Guardian, ejemplifica el número cada vez mayor de mexicanos indígenas que están siendo detenidos y amenazados con ser expulsados del país por parte de los agentes de inmigración que buscan indocumentados centroamericanos.

El medio menciona que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recientemente investigó 15 casos similares -incluyendo al menos otras ocho víctimas de Chiapas – y encontró que 22 agentes de inmigración violaron varios derechos.

En el resto de los casos, las víctimas fueron detenidas en autobuses o en la calle basados en “características físicas, ropa y apariencia”. Algunos fueron detenidos durante varias semanas antes de convencer los funcionarios que eran mexicanos.

El INM dijo que los agentes están autorizados legalmente para solicitar la identificación de cualquier persona.

Un portavoz del Instituto afirmó a The Guardian que los hermanos Juárez fueron detenidos “porque Fernando dijo que eran de Guatemala, y las documentos de identidad de las hermanas expresaron su preocupación de que podrían ser víctimas de tráfico de personas. Su detención fue prolongada por el desafío legal de IMUMI”.

“Es imposible que alguien pudiera ser torturado en una estación de la inmigración, ya que son monitoreadas permanentemente por la CNDH, organizaciones internacionales como la Cruz Roja y ONGs. Si él [Alberto] fue torturado, ¿por qué no informó de ello en el momento?, ¿por qué esperar hasta después?”, dijo el vocero del INM.

Activistas consultados por el medio dijeron que los funcionarios de migración mexicanos están llevando a cabo un sistema secreto de cuotas para aumentar el número de expulsiones.

Dijeron que el Instituto Nacional de Migración funciona cada vez más como “una fuerza policiaca sin control”, y dijeron que al igual que las fuerzas de seguridad del país, “parece ser qué esta utilizando la tortura contra los detenidos”.

Gretchen Kuhener, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), la organización que ayudó a los hermanos Juárez a evitar su deportación, dijo a The Guardian que “la orden parece ser la de detener a los centroamericanos a cualquier precio, incluso si eso significa violar la Constitución, recogiendo la gente en base a criterios racistas y deteniendo y deportando a los jóvenes indígenas de México a lo largo del camino”.

“Este caso demuestra el poder y la impunidad del Instituto Nacional de Migración. Ellos pueden salirse con la suya porque impactan a poblaciones altamente vulnerables que no hablan español, no conocen sus derechos, y es improbable que se quejan”, dijo Kuhener.

Carolina Jiménez, subdirectora de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, dijo al diario británico:

“Hemos documentado un patrón verdaderamente inquietante de violaciones graves de derechos humanos contra los migrantes que viajan a través de México. Pero viendo a funcionarios de inmigración involucrados en la tortura contra mexicanos para «confesar» que son migrantes lleva esta situación preocupante a un nivel más siniestro “.

La publicación detalla que preocupación por la conducta de los agentes de inmigración está aumentando ya que grupos de defensa han cuestionado al titular del INM Ardelio Vargas, quien estaba a cargo de las fuerzas federales cuando las protestas campesinas en el pueblo de San Salvador Atenco fueron violentamente reprimidos por la policía en 2006.

Alejandro Martínez, ex jefe de asuntos de migrantes centroamericanos en el INM, dijo que Vargas dirige el instituto como una fuerza de policía.

“El error más grande fue mezclar la policía y la inmigración. [El caso de los hermanos Juárez] me hace aún más seguro de que las cuotas ilegales dentro del instituto están impulsando el aumento exponencial de las detenciones. No importa cómo lo hacen los agentes, siempre y cuando cumplan con las cuotas”, comentó.

El INM negó a The Guardian el uso de cuotas. Sin embargo, dice el medio, el enorme aumento en las detenciones y deportaciones es innegable. En 2015, 190 mil personas fueron detenidas por agentes del INM – 120 por ciento más que en 2013.