Señalan. El contrato por las autopistas de Fonadin concedido por el gobierno de EPN podría caer. Foto: Especial
Tiene un costo de mil 321 millones de pesos y vigencia al 31 de marzo de 2023

CDMX.- Las secretarías de Hacienda, Función Pública y Comunicaciones y Transportes tienen bajo la lupa el contrato por el servicio de telepeaje en la red de autopistas del Fonadin, que fue la última licitación que se otorgó en el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto, cuatro días antes del final de su mandato, por un costo de mil 321 millones de pesos y con una vigencia al 31 de marzo de 2023.

El contrato adjudicado por Banobras a las empresas Cobro Electrónico de Peaje (CEP), de David Peñaloza, y a la española Sociedad Industrial de Construcciones Eléctricas (SICE), de Florentino Pérez, estaría en riesgo de cancelarse porque las autoridades han encontrado vicios de origen, prácticas ilegales e inconstitucionalidad en actos derivados del mismo.

Las investigaciones apuntan a funcionarios de Banobras, que en el ejercicio de su poder no sólo permitieron una cesión de derechos de CEP y SICE a OSIPASS para la prestación de un servicio público para el cual no se encuentra legitimado -y conlleva un alto riesgo para transitar las autopistas de cuota y también las convierte en un escenario de accidentes-, sino que antepone el interés particular sobre el común y representa un daño patrimonial al Estado porque hay recursos federales de por medio.

 

La investigación inició en el oficio DO/466/2019 del 31 de marzo de este año, firmado por José David Fragoso Cedillo, director de Operación de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quien denunció que el consorcio no pudo tomar la operación del telepeaje el 1 de abril como lo estipulaba el contrato en los 45 caminos y tres puentes (autopistas) de la red Fonadin.

ALGUNOS TRAMOS INVOLUCRADOS

Algunos tramos involucrados son Cuernavaca-Acapulco; Monterrey-Nuevo Laredo; Red México-Cuernavaca; México-Querétaro, y México-Puebla; Durango-Mazatlán, entre otros.

El Universal consultó fuentes del sector sobre la denuncia y encontró que de acuerdo con los técnicos de Capufe, el grupo SICE CEP no tenía listo su sistema central (backoffice), ni el equipamiento indicado, tampoco estaba 100% para la operación en sitio, es decir, en las casetas.

A pesar de estos incumplimientos que serían motivo suficiente para la cancelación del contrato, Banobras otorgó facilidades extraordinarias y presionó a Capufe para permitir al consorcio realizar pruebas en casetas.