Foto: EFE
El Ministerio Público informó este martes que existen conversaciones de WhatsApp y Telegram entre líderes mapuches en las que se señala qué tipo de armas podrían ser traídas desde Argentina, país donde también se indaga este hecho.

Santiago de Chile.- La Fiscalía chilena investiga el presunto comercio ilegal de armas desde Argentina por un grupo de mapuches que se encuentra en prisión preventiva desde el fin de semana, informaron hoy fuentes judiciales.

El Ministerio Público informó este martes que existen conversaciones de WhatsApp y Telegram entre líderes mapuches en las que se señala qué tipo de armas podrían ser traídas desde Argentina, país donde también se indaga este hecho.

Estos mensajes, que al parecer fueron registrados el 4 de agosto, inculparían a Héctor Llaitul, portavoz de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), una organización mapuche radical, y al dirigente Jorge Huenchullán.

La Fiscalía aseguró que se trata de 6 escopetas, 10 revólveres, 12 pistolas, 2 fusiles, alrededor de 250 cartuchos de escopeta, 550 balas calibre 38 milímetros y 84 balas calibre 9 milímetros, que llegarían a Chile "antes del 15" del mes pasado.

Además se habla de 12 millones de pesos (unos 18.984 dólares) que Llaitul habría recibido como pago por una charla que ofreció en una universidad, los cuales "serían utilizados para estos delitos", sostuvo la vocera de la Fiscalía de la región sureña de La Araucanía, Nelly Marabolí.

El defensor de los ocho comuneros detenidos por la presunta quema de iglesias y camiones en esa zona descartó la versión de la parte querellante, a la vez que negó haber sido informado sobre el origen de estos diálogos.

"No lo reconocemos nosotros, nuestros defendidos tampoco. Lo cierto es que se han presentado antecedentes obtenidos de algunos celulares y ni siquiera se nos señala de qué número es", declaró el abogado Humberto Serri.


La denominada "Operación Huracán" dejó el fin de semana ocho mapuches arrestados, entre ellos Llaitul. Huenchullán, por su parte, se encuentra prófugo.

Desde el Gobierno anunciaron este martes que el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, viajará a Argentina para reunirse con las autoridades correspondientes y coordinar acciones entre ambos países, además de intercambiar información respecto de los últimos hechos de violencia registrados en el sur.

Actualmente, cuatro mapuches llevan adelante una huelga de hambre desde hace 111 días, mientras cumplen prisión preventiva como presuntos autores del incendio de una iglesia evangélica, para exigir al Gobierno que no se les juzgue bajo la ley antiterrorista.

En las últimas horas, otros cinco comuneros encarcelados anunciaron que se plegarán a la huelga de hambre, con el propósito de presionar al Ejecutivo.

El sacerdote jesuita, Felipe Berríos, que viajó hasta esa región por petición del Colegio Médico dijo que los presos "se ven decididos a morir".

"Ellos están desesperanzados y quieren morirse. Le pedimos a la familia ayuda para que por lo menos tomaran una vitamina para mantener el cerebro, que después no se puede recuperar. Pero la familia está decidida a respetar lo que ellos opten y la opción de ellos es morir", enfatizó el religioso.

En declaraciones al portal La Nación, Berríos señaló que "esto es un problema político, se da a conocer por hechos delictuales, pero es un problema político que no lo hemos enfrentado todavía", recalcó.

La reclamación de terrenos del pueblo mapuche al Estado chileno ha derivado en un conflicto que se extiende hace décadas en La Araucanía y alrededores, que ha significado la muerte y el uso de la violencia en contra de varios comuneros, mujeres, niños y ancianos.

Se suma la muerte de policías y agricultores en enfrentamientos, además de una cantidad de ataques incendiarios a propiedades, bosques, vehículos e iglesias, con decenas de indígenas procesados y condenados por esos hechos, a veces bajo pruebas "insuficientes", según reclaman organizaciones de derechos humanos.