El público ha recibido el dictamen de Irma Eréndira Sandoval con el mismo escepticismo con el cual recibió en su momento el de Virgilio Andrade ilustrador alejandro medina

Las comparaciones entre la actual secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, y su predecesor –en el sexenio de Enrique Peña Nieto– Virgilio Andrade, han sido inevitables en los últimos días.

Esto, luego de que la funcionaria de la 4T diera a conocer las conclusiones de la investigación que realizó con motivo de las 33 denuncias que la dependencia a su cargo recibió desde que el periodista Carlos Loret de Mola reveló, a través de una investigación periodística, la existencia de un “emporio inmobiliario” propiedad de Manuel Bartlett Díaz.

Las semejanzas son múltiples:

La primera de ellas es que en ambos casos el detonante del escándalo es la existencia de propiedades inmobiliarias cuya posesión no parece explicarse a partir de los ingresos de los involucrados.

La segunda es que los señalamientos fueron dirigidos en contra de personas estrechamente vinculadas al presidente en turno: la esposa de Peña Nieto en el caso de la Casa Blanca y Manuel Bartlett, designado por el presidente López Obrador para dirigir la Comisión Federal de Electricidad.

La tercera es que en ambos casos los gobiernos de turno decidieron “investigar” los hechos prometiendo de paso que, de encontrarse irregularidades, estas serían castigadas sin importar quién cayera. Y para ello se comisionó a la persona responsable de la primera línea de combate a la corrupción en el Gobierno de la República.

Finalmente, en ambos casos la resolución ha sido exactamente la misma: luego de una “exhaustiva” investigación, se llegó a la conclusión de que no existe irregularidad alguna en la actuación de las personas involucradas y, por tanto, no hay conducta que deba castigarse.

Pero si las semejanzas entre lo ocurrido en un sexenio y otro con tantas, pese a las abismales diferencias que teóricamente caracterizan al partido en el poder en uno y otro caso, el juicio de los ciudadanos no podría ser diferenciado.

Por ello, el público ha recibido el dictamen de Irma Eréndira Sandoval con el mismo escepticismo con el cual recibió en su momento el de Virgilio Andrade y se niega a creer la hipótesis central de ambos casos: tanto la adquisición de “La Casa Blanca”, como las 25 propiedades del “emporio de Bartlett” fueron perfectamente legales y no implican acto alguno de corrupción.

Sin embargo, entre la investigación conducida por Andrade, y la realizada por Sandoval existe una diferencia relevante: en el primer caso nadie tenía esperanza alguna de que se castigara la corrupción que se adivinaba; pero en el segundo estamos hablando de la principal promesa de un gobierno que conquistó el voto popular justamente por el ofrecimiento, no de simplemente combatir la corrupción y la impunidad, sino de erradicarlas.

Por extensión, si se quiere –derivado de la mala imagen del Presidente–, Virgilio Andrade no generaba ninguna expectativa entre los ciudadanos. Pero Irma Eréndira Sandoval sí, porque forma parte del equipo de un Presidente a quien se considera genuinamente comprometido con la erradicación de los vicios que han caracterizado largamente al servicio público en México.

Pero hoy, tras el dictamen del “caso Bartlett” Andrade y Sandoval son percibidos de la misma forma por los ciudadanos y eso implica dejar de creer en la posibilidad de que “ahora sí”, los corruptos recibirán su merecido.