Uno de los elementos más notorios de la narrativa del “Caso Javier Villarreal” ha sido a lo largo de los últimos años la abismal diferencia que, respecto de éste, se registra en Coahuila, en comparación con lo que ocurre en Estados Unidos y España.

Y es que mientras en el vecino país, así como en el viejo continente, lo ocurrido en nuestra entidad durante el sexenio de Humberto Moreira ha dado lugar al surgimiento de casos penales que han colocado a exprominentes individuos de la política local en el papel de indiciados, o prófugos de la justicia, acá simplemente no pasa nada.

Un elemento más de esta historia se evidencia en el reporte que publicamos en esta edición, relativo al presunto “ocultamiento” que habría realizado el Poder Judicial de Coahuila, de un auto que deja sin efecto una orden de aprehensión dictada en contra del extodopoderoso funcionario de la administración estatal y uno de sus presuntos cómplices, Sergio Fuentes Flores.

De acuerdo con las evidencias que VANGUARDIA recopiló, el pasado 10 de diciembre se habría dictado un auto –dentro del proceso penal 45/2016– que deja sin efecto una orden de aprehensión dictada contra los dos exfuncionarios, pero una vez que el dato fue del dominio público, el Poder Judicial habría retirado de su sitio web el documento que da cuenta de tal hecho y, además, habría declarado “secreto” el caso.

La mesa ha sido puesta para la especulación porque, una vez evidenciado el hecho, la lista de acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Penal, correspondiente al 10 de diciembre pasado, “reapareció” ayer –entre las 2 y las 3 de la tarde– en el sitio electrónico del Poder Judicial.

Imposible no preguntar las razones por las cuales la autoridad responsable de impartir justicia en Coahuila tendría interés en ocultar el hecho, cuestionamiento que sigue esperando respuesta.

Más allá de lo ocurrido en el sitio web del Poder Judicial, resulta obligado preguntar si estamos ante un “hecho aislado” o se trata –como sospecha el ciudadano de a pie– de una acción deliberada que tiene por objeto “proteger” a Javier Villarreal de la acción de la justicia local.

La especie cobra mayor fuerza debido a un hecho concreto: como se ha especulado en las últimas semanas, Javier Villarreal podría estar cooperando con las autoridades de Estados Unidos para armar nuevos casos en contra de exfuncionarios –o funcionarios actuales– del gobierno de Coahuila, vinculados a los ilícitos por los cuales se juzga al extesorero de la entidad en el vecino país.

Y es que sólo la cooperación con las autoridades de los Estados Unidos parece explicar que la audiencia en la cual se dictaría sentencia a Villarreal –quien se ha declarado culpable de al menos tres cargos criminales en el vecino país– se haya pospuesto por más de cuatro años.

Muchas preguntas y pocas respuestas. Cabría esperar que en las próximas horas las autoridades de Coahuila, en particular el fiscal General, ofrezcan explicaciones que permitan comprender los hechos.