La posición oficial del Gobierno ha dado un viraje, en la entidad se han dado los pasos para “solicitar el reintegro de los bienes o de los recursos”

Tras negarlo durante años, el Gobierno de Coahuila ha decidido dar un viraje en su posición respecto de las acusaciones que en contra de Javier Villarreal Hernández se han formulado en los Estados Unidos y que se basan en la presunción de que el ex todopoderoso funcionario de la administración estatal se enriqueció ilícitamente a costa de los contribuyentes.

Villarreal y su familia, como se ha informado con amplitud, ha sido objeto de la incautación de varios millones de dólares, tanto en cuentas bancarias como en propiedades, cuya legal procedencia no ha podido ser acreditada por quien fuera responsable de las finanzas de Coahuila.

Y mientras en los Estados Unidos se construían casos civiles y penales en contra de Villarreal, así como del exgobernador interino Jorge Torres López, en México ninguna autoridad -ni estatal ni federal- pareció nunca interesada en iniciar alguna averiguación que permitiera recuperar el dinero que los fiscales estadounidenses aseguraban había sido robado de las arcas públicas.

En más de una ocasión, el Gobierno de Coahuila declaró tajante que, tras haber revisado cuidadosamente las cuentas gubernamentales no encontró que faltara un sólo centavo, por lo que no tenía ninguna obligación de responder a los cuestionamientos de por qué no acudía a las cortes de Texas a pedir que se le entregara el dinero incautado a Villarreal.

El argumento fue sostenido en su momento durante la administración de Rubén Moreira y también durante el actual gobierno.

Ahora, sin embargo, la posición oficial del Gobierno de Coahuila ha dado un viraje y, de acuerdo con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, en la entidad se han dado los pasos para “que se pueda solicitar el reintegro de los bienes o de los recursos que se derivarán de un daño al patrimonio estatal” cometido por Javier Villarreal.

El fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, dijo por su parte que “lo que se analiza es el dinero que se tiene asegurado en Estados Unidos (a Javier Villarreal), y nosotros también queremos hacer la reclamación de eso por la vía legal, suponiendo que ese numerario se presumiera que fue el objeto del ilícito que se le imputa acá“.

Siempre habrá que saludar una determinación como ésta, aunque parezca claramente tardía y resulte muy difícil comprender el por qué de la tardanza en asumir una posición que a todo mundo le resultaba lógica desde el primer momento, menos a las autoridades del Gobierno de Coahuila.

Pero habremos de ser cautos antes de echar las campanas al vuelo y considerar que, a partir de las declaraciones de ayer, en efecto la Fiscalía de Coahuila se va a “emplear a fondo” en el caso Villarreal Hernández, pues lo que hemos visto hasta ahora ha sido más bien el despliegue de una estrategia para garantizar impunidad a quienes defraudaron a la entidad.

El trasfondo de la historia ha sido siempre político y este año habrá elecciones en Coahuila. No habría que descartar por ello que la nueva postura del Gobierno de Coahuila esté relacionada con las pugnas por el poder público.

Aunque siempre será de celebrarse que los hechos del futuro cercano desmientan las especulaciones.